En diálogo con Cadena Los Ángeles, el funcionario confirmó que existe una sentencia judicial firme y un convenio firmado en 2020 durante la gestión del entonces gobernador Jorge Capitanich, junto a Analía Rach Quiroga, que establece la transferencia de las tierras a la asociación comunitaria “Mujeres Fuertes”, perteneciente a una comunidad originaria.

UN CONFLICTO CON DOS REALIDADES

El eje del conflicto radica en que dentro del Lote 88 también habitan familias criollas desde hace años, muchas de ellas con arraigo, viviendas y proyectos de vida consolidados. Esta superposición de derechos genera una fuerte tensión social.

“El fallo está firme y obliga a la provincia a cumplir con la transferencia. No tenemos instancias jurídicas para revertirlo”, explicó Ferro, quien remarcó que la situación actual es consecuencia de decisiones administrativas y judiciales de gestiones anteriores.

DIÁLOGO Y BÚSQUEDA DE CONSENSO

El ministro detalló que el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, mantiene reuniones permanentes con el intendente de Miraflores, Rafael Frías, funcionarios provinciales y representantes de las comunidades involucradas.

Además, no se descarta solicitar una prórroga judicial para extender el plazo y ganar tiempo en la búsqueda de una solución consensuada.

“Estamos en diálogo con todos los sectores, tanto criollos como comunidades originarias. Pedimos calma, paz social y evitar cualquier hecho que pueda entorpecer las negociaciones”, sostuvo Ferro.

MANIFESTACIONES Y PREOCUPACIÓN SOCIAL

En las últimas horas, vecinos se manifestaron en la zona, reclamando definiciones concretas y mayor presencia del Estado. La situación es delicada, ya que el vencimiento del plazo genera creciente inquietud entre quienes podrían verse afectados por la medida.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Desde el Gobierno remarcan la necesidad de evitar la politización del conflicto y priorizar el entendimiento entre las partes. “El camino es el diálogo y el sentido común. Hay derechos reconocidos por la Justicia, pero también realidades sociales que no pueden ignorarse”, concluyó el ministro.

La resolución del conflicto del Lote 88 se presenta como un desafío urgente para la provincia, donde se entrecruzan derechos legales, historia territorial y la necesidad de preservar la paz social en una región sensible del Chaco.