En diálogo con este medio, Lili Fernández, una de las vecinas afectadas, expresó que hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial. “Seguimos acá, como hace varios días, esperando buenas noticias. Nadie se comunicó con nosotros y estamos a la espera de mañana, que es el último día del plazo”, señaló.

Fernández explicó que existe un pedido de prórroga impulsado desde el Gobierno provincial, con el objetivo de ganar tiempo y encontrar una salida al conflicto. “Esperamos que le den lugar a ese pedido para poder ver cómo se soluciona esto”, agregó.

En cuanto a las gestiones realizadas, indicó que la semana pasada, junto a concejales locales, presentaron un pedido formal ante la presidenta de la Cámara de Diputados. “Le solicitamos que se ocupen de este caso tan complicado. Ella se comprometió a que sería uno de los primeros temas a tratar, y ahora esperamos una respuesta”, afirmó.

El conflicto también tuvo manifestaciones en las calles. Días atrás, los vecinos realizaron una segunda marcha en Miraflores, con un importante acompañamiento de la comunidad. No descartan nuevas medidas: analizan una nueva movilización o incluso presentarse en la Fiscalía de Juan José Castelli para visibilizar su situación ante la jueza interviniente.

“Somos más de 600 familias, no podemos quedar en la calle. Necesitamos que se respeten nuestros derechos”, remarcó Fernández.

Uno de los puntos centrales del reclamo es que los ocupantes aseguran haber adquirido los terrenos de buena fe. Incluso, según señalaron, las familias que vendieron las tierras acompañan el reclamo. “Ellos también están presentes y no quieren problemas. El conflicto surge con otro grupo, una asociación que no conocemos”, explicó.

Mientras tanto, las familias mantienen una vigilia a la vera de la ruta, organizándose por turnos para sostener la presencia sin descuidar sus responsabilidades diarias. “Tenemos que trabajar, llevar a los chicos a la escuela, seguir con nuestras vidas, pero también defender lo que es nuestro”, concluyó.

El desenlace podría definirse en las próximas horas, en un contexto de tensión creciente y con la esperanza puesta en una decisión que contemple la realidad social de cientos de familias de Miraflores.