La creciente frecuencia de amenazas de tiroteos y supuestos artefactos explosivos en establecimientos educativos encendió una señal de alarma en todo el sistema de seguridad y en la comunidad educativa del Chaco.

En este contexto, y tomando como referencia disposiciones en provincias como Santa Fe y Córdoba, donde ya se implementaron mecanismos para que los tutores afronten los costos de los operativos, la Justicia chaqueña comenzó a evaluar la aplicación de un protocolo de resarcimiento económico.

En Santa Fe, por ejemplo, cada intervención ante una amenaza de este tipo tiene un costo estimado de entre cinco y seis millones de pesos, cifra que luego puede ser trasladada al patrimonio de los imputados o de sus responsables legales.

A nivel local, fuentes judiciales confirmaron que se evalúa citar formalmente a padres, madres y tutores para que presten declaración en el marco de las investigaciones en curso. Si bien la responsabilidad penal es personal e intransferible —y por lo tanto no puede recaer sobre los adultos—, la responsabilidad civil sí habilita al Estado a iniciar acciones para recuperar los fondos públicos utilizados en operativos que resultan ser falsas alarmas.

NÚMEROS PROVINCIALES

El costo de la seguridad pública frente a estos episodios no es menor. En el Chaco, cada operativo demanda aproximadamente un millón de pesos, considerando la afectación de al menos dos efectivos policiales por institución, el despliegue de móviles, el consumo de combustible y toda la estructura administrativa necesaria para canalizar las denuncias.

A esto se suma el trabajo técnico del Departamento de Cibercrimen, cuyos agentes deben dedicar horas a rastrear perfiles en redes sociales, direcciones IP y dispositivos desde donde se originan las amenazas.

En lo que hace a expedientes abiertos que implicaron la demora de adolescentes y en algunos casos el secuestro de teléfonos con evidencia concreta de la intimidación son al menos tres, pero el número por analizar para profundizar o descartar es mayor, si se tiene en cuenta que hasta el fin de semana eran 130 los establecimientos educativos que informaron situaciones de este tipo.

El impacto de esta problemática ya comenzó a reflejarse en la dinámica cotidiana de las escuelas. En algunos establecimientos secundarios de la provincia, autoridades educativas dispusieron medidas preventivas excepcionales, como solicitar a los alumnos que no concurran con mochilas y que lleven únicamente lo indispensable en bolsas.

A este escenario se suman episodios recientes que refuerzan la preocupación institucional. Durante el último fin de semana trascendió que un niño de apenas 11 años intentó contactar telefónicamente a una armería con la intención de adquirir un arma de fuego.

La situación derivó en la intervención inmediata de la Policía, que logró identificar al menor y dar aviso a sus tutores.