En los primeros meses del año, los ingresos reales volvieron a caer mientras los gastos fijos avanzaron por encima de la inflación, lo que achicó el dinero disponible en los hogares y complicó la cobertura de necesidades básicas, con un impacto más marcado en jubilados y trabajadores del sector público. 

El deterioro del poder adquisitivo no responde solo a la evolución de los precios, sino a una combinación más complicada: tarifas y servicios que suben más rápido que la inflación general y salarios que no logran acompañar ese ritmo. En febrero, la inflación fue de 2,9%, según el Indec, pero los gastos fijos treparon 4,4%, ampliando la brecha.

De acuerdo con la consultora Equilibra, el ingreso disponible cayó 0,6% en febrero frente a enero y acumuló una baja de 2,8% interanual. El dato más revelador es que quedó 11% por debajo del promedio registrado antes del cambio de gobierno, entre enero y septiembre de 2023.

La caída fue generalizada, aunque con distinta intensidad. Los jubilados que cobran por encima del haber mínimo y los asalariados privados formales registraron retrocesos más moderados, de 0,4% y 0,5%. En cambio, quienes perciben la jubilación mínima y los empleados públicos enfrentaron bajas de 0,9% mensual. En la comparación anual, esos grupos acumularon pérdidas de 7,4% y 5,6%, respectivamente.

El diagnóstico de la consultora Empiria profundizó esa tendencia. Estimó que el ingreso disponible se contrajo 2,1% en términos reales durante febrero frente al mes previo y que el deterioro arrastra desde septiembre de 2025. En ese período, la pérdida acumulada ubica los ingresos 5,4% por debajo de los niveles de 2023.

El ajuste no impacta igual en todos. En los sectores de mayores ingresos, la caída fue de 1,6%, mientras que en los de menores recursos alcanzó el 2,7%. La diferencia se explica por la composición del gasto: los rubros que más suben son, justamente, los que ocupan mayor proporción en los presupuestos más ajustados. 

Dentro de los salarios registrados, la contracción promedio fue de 1,1%. El sector privado formal retrocedió 1,3% y el público, 0,6%. Sin embargo, al desagregar aparecen contrastes: los salarios provinciales se mantuvieron relativamente estables en febrero, aunque acumulan una caída cercana al 9% desde fines de 2023, mientras que los nacionales descendieron 2,2% en el mes y se ubican muy por debajo de los niveles de noviembre de ese año.

El avance de los gastos fijos se consolidó como el principal factor de presión sobre los ingresos. En febrero crecieron 3,5%, impulsados por aumentos de 8,9% en electricidad y gas y de 4,5% en expensas. Incluso con una leve baja en alquileres, el peso total de estos costos alcanzó cerca del 24% del ingreso, unos ocho puntos porcentuales más que a fines de 2023.

La inflación también pega distinto según el bolsillo. Los hogares del 10% más pobre enfrentaron en febrero una suba de precios de 3,3%, frente al 2,9% del decil más alto. La diferencia se explica por el peso de vivienda y alimentos: en los sectores de menores ingresos, la vivienda representa el 18% del gasto y los alimentos el 32%, proporciones significativamente más altas que en los hogares más acomodados. 

Con ese esquema, cada aumento en tarifas o alimentos erosiona más rápido el poder de compra de los sectores vulnerables y amplía la brecha. 

En ese contexto, los economistas coinciden en que la recomposición tarifaria era necesaria para ordenar las cuentas públicas, pero advierten que el foco ahora debería desplazarse hacia los ingresos. Claudio Caprarulo, de Analytica, señaló que el desafío pasa por recomponer salarios para reducir el peso de los costos fijos, sobre todo en la clase media.

Una mirada similar planteó Camilo Tiscornia, director de C&T, quien sostuvo que el aumento de los servicios públicos recortó el ingreso disponible, aunque consideró que corregía distorsiones previas. Aun así, advirtió que la falta de crecimiento económico limita la posibilidad de compensar ese mayor peso de los gastos fijos.