El Gobierno nacional y las universidades mantuvieron una reunión para intentar destrabar el conflicto presupuestario que derivó en la última Marcha Federal Universitaria . Aunque hubo avances en la negociación y coincidencias sobre una recomposición salarial, las conversaciones quedaron estancadas por una condición impuesta por el Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

En el encuentro participaron el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y rectores que representaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La propuesta oficial contempló una recomposición salarial del 24,3%, destinada a cubrir parte de la pérdida acumulada de 2024, todo 2025 y el desfasaje registrado hasta mayo de 2026.

Según trascendió, el aumento se pagaría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Además, el Gobierno propuso conformar una comisión técnica para discutir la deuda correspondiente a 2024 y establecer paritarias trimestrales en adelante.

La oferta también incluyó un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo de $50 mil millones para hospitales universitarios.

En paralelo, continúa pendiente la discusión por la distribución de más de $79 mil millones destinados a hospitales universitarios. El congelamiento de esos fondos había generado reclamos y advertencias sobre posibles complicaciones en la atención sanitaria dentro de esos establecimientos.

Desde el sector universitario consideraron que la propuesta oficial resulta "razonable" y reconocieron que existen condiciones para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, marcaron un límite respecto del pedido para desistir de la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema. 

La causa reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, que establece actualizaciones de salarios y becas atadas al índice de inflación. Según estimaciones del Ejecutivo, el cumplimiento pleno de esa norma implicaría un costo cercano a los 2,5 billones de pesos y pondría en riesgo el objetivo de superávit fiscal.

Los rectores rechazaron de plano retirar la presentación judicial y sostuvieron que esa herramienta funciona como una garantía frente al conflicto presupuestario. También afirmaron que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para abandonar ese reclamo.

"Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno", señalaron desde el ámbito universitario, donde esperan que las negociaciones continúen durante los próximos días.

Desde el Ejecutivo, en tanto, cuestionaron la postura del CIN y advirtieron que la falta de flexibilidad en el plano judicial dificulta una salida consensuada al conflicto. Ambas partes coinciden en que todavía hay margen para negociar, aunque por ahora ninguna parece dispuesta a ceder en el punto que trabó el acuerdo.