Según trascendió, un grupo de aproximadamente 20 pescadores comerciales con redes ("malloneros") logró presionar para que se flexibilizaran controles vinculados a la veda, situación que despertó cuestionamientos sobre la equidad en la aplicación de las normativas pesqueras.

Mientras tanto, en el río Bermejo continúa vigente la prohibición para la pesca deportiva y artesanal en determinados períodos y zonas, afectando directamente a familias que históricamente utilizan el recurso pesquero para su subsistencia o para el consumo familiar.

La pregunta que surge entre pobladores, pescadores deportivos y habitantes de El Impenetrable es simple: ¿cómo se explica que se permita la extracción y comercialización a gran escala en algunos sectores, mientras que a otros ciudadanos se les impide capturar algunos peces para consumo propio?

La conservación de los recursos ictícolas es una necesidad indiscutible. Nadie cuestiona la importancia de proteger las especies y garantizar la sustentabilidad de los ríos. Sin embargo, las políticas ambientales deben ser coherentes, equilibradas y aplicarse con el mismo criterio para todos.

En localidades ribereñas del norte chaqueño crece la sensación de que existen dos varas para medir una misma actividad. Por un lado, se persigue al pescador artesanal o deportivo; por otro, se observan excepciones o flexibilizaciones que benefician a sectores con capacidad de presión organizada.

La protección del ambiente no puede depender de quién reclama más fuerte. Si la pesca está restringida por razones biológicas y de conservación, las reglas deben alcanzar a todos por igual. Y si existen condiciones para habilitar determinadas actividades, esas decisiones deben estar respaldadas por estudios técnicos transparentes y comunicadas claramente a la sociedad.

El reclamo que surge desde El Impenetrable no es contra la conservación de los recursos naturales. Por el contrario, apunta a exigir reglas claras, equidad en los controles y una gestión que contemple tanto la preservación ambiental como las necesidades de las comunidades que viven junto a los ríos.

Porque cuando las normas parecen contradictorias, la confianza pública también entra en veda.