El Gobierno nacional puso en marcha un plan de modernización del Registro de la Propiedad del Automotor con el objetivo de digitalizar los trámites, simplificar los procedimientos y modificar el esquema de cálculo de los aranceles para las gestiones vinculadas a vehículos.

Las medidas fueron oficializadas este martes mediante las resoluciones 306 y 308 del Ministerio de Justicia, publicadas en el Boletín Oficial, y forman parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

La iniciativa busca reemplazar gradualmente el modelo basado en documentación en papel y trámites presenciales por un sistema completamente digital, que permita realizar las gestiones de forma más ágil y desde cualquier lugar del país. 

Entre los principales cambios previstos se encuentra la digitalización de todos los trámites registrales, que incluirán validación electrónica de identidad, carga online de documentación, firma digital, pago electrónico, seguimiento del expediente por internet y emisión de documentación en formato digital.

Además, el Gobierno avanzará en la reducción y simplificación de los trámites, la digitalización de los legajos físicos, una mayor integración con otros organismos públicos y una reorganización progresiva de la red de registros seccionales. No obstante, continuarán funcionando oficinas de atención presencial para quienes necesiten asistencia o no cuenten con acceso a herramientas tecnológicas.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad de medida que servirá para calcular los aranceles de todos los trámites registrales.

El MRPA comenzará a regir desde el 4 de agosto y tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Su actualización será automática cada cuatro meses, tomando como referencia la cotización de la UVA, con el objetivo de unificar y transparentar el sistema de costos.

La normativa también modifica la forma en que se liquidarán los ingresos de los encargados de los registros seccionales, quienes percibirán el remanente de la recaudación una vez descontados los costos operativos e insumos utilizados.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca avanzar hacia un sistema registral más moderno, reducir los tiempos de gestión y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios vinculados con la propiedad automotor.