El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, en su carácter de presidente del CEAMSE, y pidió al juez federal Ariel Lijo que ordene una batería de medidas de prueba sobre su patrimonio. La causa apunta al titular de la AFA como funcionario público, no por su cargo al frente del fútbol argentino, que según se aclaró expresamente no forma parte de la pesquisa.

El pedido de la fiscalía incluye levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia, además del que rige para el mercado de capitales y el deber de reserva previsto para la Unidad de Información Financiera. En total, Pollicita solicitó veinte medidas de prueba para reconstruir, una vez reunida esa información, la evolución de sus bienes, fondos y vínculos patrimoniales. Entre los informes requeridos figuran las declaraciones juradas que presentó como funcionario público, datos sobre cuentas bancarias y el nivel de consumo del dirigente.

La causa quedó en manos de Lijo y de la fiscalía de Pollicita luego de que la Cámara Federal porteña resolviera esta semana un conflicto de competencia entre juzgados. Como parte del impulso del expediente, se pidió que el CEAMSE remita a Comodoro Py el legajo personal de Tapia y que la Dirección Nacional de Migraciones informe sus salidas del país.

La fiscalía sumó además una medida con alcance internacional: un exhorto a la CONMEBOL, con sede en Asunción, para que remita copias del legajo de Tapia en la entidad y detalle qué cargos ocupó desde su ingreso hasta la actualidad y cuánto cobró por ellos. También pidió consultar si el dirigente ejerció funciones ante la FIFA y, de ser así, en qué carácter, a quién representó y si percibió ingresos por esa actividad.

El expediente se originó en una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años. El CEAMSE es la empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre; Tapia se integró a su directorio como vicepresidente en 2015 y asumió como titular en 2024. Según la denuncia, declaró ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación informada de 15 horas semanales al organismo.

El dirigente ya acumula otro proceso penal: está procesado, con confirmación en segunda instancia, por supuesta retención indebida de aportes de la AFA calculada en 19.000 millones de pesos, causa que podría derivar en un juicio oral. Tofoni, por su parte, presentó esta nueva denuncia en el marco de otras acciones contra Tapia y la dirigencia de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato para organizar y comercializar los amistosos de la Selección Argentina.