La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., la firma que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo, y dejó sin efecto el concurso preventivo que la empresa había conseguido abrir apenas mes y medio atrás. La resolución fue dictada por el juez Fernando Luis Lavenas, titular del Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, el tribunal donde tramita la causa desde que la compañía tiene registrada su casa matriz en esa ciudad.

El magistrado revocó la apertura del concurso preventivo que él mismo había autorizado el 17 de julio, y el expediente pasó a tramitarse bajo la carátula "CARSA S.A. s/ Quiebra". Para fundamentar la decisión, consideró que el cierre de locales, los despidos y la falta de ingresos constituían hechos reveladores del estado de cesación de pagos, en los términos del artículo 79 de la Ley de Concursos y Quiebras. Con ese cambio de escenario, el objetivo del proceso dejó de ser la recuperación de la empresa y pasó a ser la liquidación de su patrimonio para pagarles a los acreedores.

El deterioro venía siendo visible en la calle: en las últimas semanas, Musimundo cerró 20 sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en medio de una caída del consumo y el avance del comercio electrónico. Antes de la quiebra también había avanzado una negociación para vender la marca a los dueños de On City, que finalmente no prosperó.

A fines de agosto, el directorio había aprobado un nuevo plan para achicar la estructura de la compañía, después de que fracasara una operación para transferir 45 sucursales que debía darle una salida a la crisis. Esa cadena de intentos frustrados fue, según entendió la Justicia, lo que terminó de inclinar la balanza hacia la quiebra.

Según el hecho relevante que la empresa remitió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a fines de mayo Carsa acumulaba pasivos bancarios por unos $3.060 millones, con el Banco Nación como principal acreedor por cerca de $1.549 millones. La deuda alcanzada por el proceso concursal, en tanto, asciende a $63.500 millones. No es la primera vez que la compañía atraviesa una crisis de este tipo: en junio de 2018 ya se había presentado en concurso de acreedores, con una deuda que entonces rondaba los $900 millones.

El fallo también dispuso la inhibición general de bienes de la empresa en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Buenos Aires, y restringió la salida del país de sus administradores hasta que la sindicatura presente su informe general. Esa sindicatura, a cargo del Estudio Contable Benítez —integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard—, continúa al frente del proceso, ahora bajo la figura de la quiebra.

Los acreedores tendrán plazo hasta el 6 de noviembre para presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El informe individual sobre esos créditos deberá quedar listo el 30 de marzo de 2027, mientras que el informe general —que deberá reconstruir el activo, el pasivo y las causas de la insolvencia— tiene fecha límite el 25 de junio de ese mismo año.