El Ministerio Público Fiscal avanzó de manera decisiva en la investigación por el femicidio de la docente rural Nancy Estela Godoy, tras lograr identificar el sector exacto donde se habría ejecutado el ataque mortal dentro de la zona rural del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina.

El Malezal

En las inmediaciones del potrero donde fue localizado el cuerpo de la víctima el pasado 28 de octubre, las cuadrillas periciales incautaron elementos de vital relevancia probatoria que permitirán reconstruir la mecánica de los hechos e imputar las responsabilidades penales pertinentes a los implicados.

Durante los procedimientos practicados a escasos metros del sitio del hallazgo, los especialistas levantaron evidencia biológica y material de alto valor forense. Entre las pertenencias secuestradas se destaca un pantalón con tajos atribuido a la docente, además de restos óseos, cabellos y una mano que habrían correspondido a la víctima. Las autoridades judiciales aguardan actualmente los resultados de los exámenes genéticos y anatomopatológicos definitivos para certificar la pertenencia fehaciente de las pruebas y cotejarlas con el perfil de los detenidos en la causa.

En paralelo a los trabajos de campo en la estancia El Curupí, el peritaje tecnológico efectuado sobre el teléfono celular de la maestra aportó una prueba cronológica fundamental para el equipo fiscal que integran los doctores Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. En el dispositivo móvil se descubrió una fotografía tipo selfie capturada el 10 de octubre, registro que confirmaría que Godoy permaneció con vida al menos hasta esa fecha y que servirá para delimitar el período exacto de cautiverio previo a su deceso.

El cruento caso provocó una profunda sacudida institucional en la provincia de Corrientes, desencadenando la renuncia de la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, formalizada bajo la figura de beneficio jubilatorio tras los severos cuestionamientos sobre la supervisión de las escuelas rurales. Mientras la causa mantiene a cinco personas con prisión preventiva —entre ellas el capataz Ireneo Zarza y otros empleados rurales—, la justicia continúa articulando operativos de campo para esclarecer definitivamente el crimen que conmociona a la comunidad.