La privatización de las rutas nacionales que impulsa el Gobierno de Javier Milei ya tiene un costo concreto en la región. Unos 150 trabajadores de las estaciones de peaje de Corrientes fueron desvinculados y cobraron sus indemnizaciones, en el marco del traspaso de los corredores viales a operadores privados.

Los operarios cumplían funciones en las cabinas del puente General Belgrano, sobre la Ruta Nacional 16, y en las de Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Hasta ahora esas estaciones dependían de la órbita estatal. Con el pago de las liquidaciones se cerró la relación laboral, y la posibilidad de volver a trabajar en las cabinas queda sujeta a lo que decidan las empresas que asuman la explotación de cada tramo.

La principal inquietud entre los despedidos es el modelo de funcionamiento que traen las nuevas concesiones. Los pliegos contemplan una mayor automatización del cobro mediante códigos QR, un sistema que requiere menos personal en las casillas. El temor del sector es que la modernización no derive en una recuperación de puestos, sino en una reducción permanente de la dotación.

El marco de fondo es la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial a fines de agosto. Mediante esa resolución, el Gobierno adjudicó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende ocho tramos y más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales. Las concesiones se otorgaron por 20 años, sin subsidios estatales, y su financiamiento depende de lo que se recaude en las cabinas.

Para Chaco y Corrientes, el corredor determinante es el Tramo Litoral, que abarca las rutas nacionales 12 y 16 e incluye el cruce del puente interprovincial. Quedó adjudicado a la unión de empresas JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa base de $2.876,04 más IVA, equivalente a $3.480,01 para los vehículos de categoría 1. La estación de Ituzaingó, en cambio, forma parte del Tramo Noreste, que conecta Corrientes con Misiones y quedó en manos de Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A.

La reconfiguración del mapa vial también abrió otro frente en la región: la instalación de nuevas estaciones de cobro. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua rechazó la casilla proyectada sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de Puerto Rico. "En un contexto difícil para todo el país, resulta inaceptable imponer una traba más a quienes trabajan, estudian, comercian y producen", sostuvo el mandatario, que pidió a Nación revisar la iniciativa. Intendentes, concejales y cámaras empresariales de la zona centro de esa provincia se sumaron al reclamo.

En Corrientes, en tanto, trascendió que se analizaría un eventual peaje en las inmediaciones de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, corredor de peso para el tránsito de cargas vinculado al Mercosur. Hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre ese punto.

Los despidos en territorio correntino no son un caso aislado. Trabajadores de peajes de otras jurisdicciones también denunciaron pérdida de puestos a partir del proceso de privatización y reclamaron garantías de continuidad laboral.

Desde el Gobierno nacional sostienen que el nuevo esquema permitirá terminar con corredores deficitarios y mejorar la infraestructura sin recurrir a fondos públicos. Desde el sector laboral, en cambio, advierten que el costo de esa transformación recae sobre los trabajadores, mientras cientos de familias de la región siguen sin certezas sobre la posibilidad de volver a sus puestos.