Las autoridades tienen un plazo de 48 horas, hasta el martes inclusive, para cumplir con esta orden. En caso de no hacerlo, deberán pagar una multa diaria de diez millones de pesos ($10.000.000). Esta medida busca garantizar que se respeten los derechos de los consumidores y usuarios de las rutas, evitando incrementos tarifarios desproporcionados sin la debida justificación y sin la realización de una audiencia pública obligatoria.

La Fundación Consumidores Unidos del Chaco (CUCHA), que solicitó la medida cautelar, argumentó que el aumento del 200% en las tarifas, autorizado por la Resolución No 66/2024 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), vulneraba derechos constitucionales. Además, la fundación criticó el estado de la ruta en los tramos concesionados, describiéndolo como "paupérrimo".

La Justicia ha exigido a la DNV la presentación de un plan de obras y la convocatoria a una audiencia pública conforme a derecho. Esta decisión busca asegurar la transparencia y la adecuada gestión de los recursos viales, respondiendo a las demandas de los consumidores y usuarios afectados.

Las autoridades responsables ahora enfrentan la disyuntiva de reducir inmediatamente las tarifas de peaje o enfrentar multas sustanciales, reafirmando el compromiso judicial con la protección de los derechos ciudadanos y la correcta administración de los servicios públicos.