A partir de hoy entraron en vigencia la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, tras la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 592 y 593 firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Economía Luis Caputo. 

Después de intensas negociaciones en el Congreso y la posterior aprobación en ambas cámaras, el Poder Ejecutivo promulgó finalmente estas normas. El enfoque inicial del Gobierno se centrará en la reglamentación de las medidas fiscales, destacándose la posible restitución del Impuesto a las Ganancias, a la espera de un fallo favorable que podría judicializar la norma.

Las fuentes oficiales señalaron que la mayoría de las disposiciones de ambos paquetes legislativos se implementarán en un plazo de dos meses. La administración de Milei busca gestionar expectativas y evitar desilusiones sobre la celeridad de la aplicación de las nuevas leyes. Las normativas introducen cambios significativos en diversas áreas, desde impuestos y empleo hasta obras públicas y administración estatal.

Entre los cambios más relevantes, la Ley de Bases declara la emergencia pública en varias áreas y otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para gestionar la situación. Además, se establece un nuevo esquema de interacción entre los ciudadanos y la administración pública, simplificando trámites y promoviendo la eficiencia burocrática.

La normativa también afecta a los empleados públicos, quienes podrán ser puestos en disponibilidad por hasta un año en caso de reestructuración. Durante este período, recibirán capacitación o serán asignados a tareas tercerizadas, con la posibilidad de desvinculación y correspondiente indemnización si no son reubicados.

En el ámbito laboral privado, se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados y un fondo de cese laboral financiado por los empleadores. Además, se establecen normas específicas para los trabajadores independientes y se propone un régimen de incentivos para grandes inversiones en sectores estratégicos.

Finalmente, el paquete fiscal implica una reforma en el Impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales, así como un ajuste en las escalas y montos de facturación para los monotributistas. Con estas medidas, el Gobierno busca mejorar la recaudación y fomentar el desarrollo económico, al tiempo que enfrenta desafíos judiciales y sociales en su implementación.