La medida judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas donde denuncian un presunto entramado de corrupción de funcionarios públicos, del sector privado, así como personas jurídicas que posibilitaban la tala indiscriminada de bosques nativos. 

En este sentido, fue el Fiscal Federal Patricio Sabadini quien le presentó a la Jueza Niremperger un requerimiento de instrucción formal para dar curso a la investigación entre los que mencionaba a Hernán Halavacs, ministro de Producción y Desarrollo de Economía Sustentable del Chaco. También la requisitoria estaba solicitada para Luciano Olivares, quien fue subsecretario de Desarrollo Forestal de la gestión anterior. Otros nombres que figuran en la requisitoria fiscal son: el actual empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk, el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.

En ese marco, la jueza federal hizo lugar a la medida cautelar solicitada por entender cumplidos los recaudos legales para su dictado y remarcó que en cuestiones ambientales se aplica el activismo jurídico por el cual media una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del “juez espectador” y que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo o especie.

En su alegato, la magistrada enfatizó: “tengo en cuenta el daño irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas.”

Así, la Dra. Niremperger ordenó al Poder Ejecutivo del Chaco y al Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles “la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia”. La medida regirá por tres meses.