El ministro Jorge Gómez confirmó que la provincia se constituyó como querellante en la investigación por irregularidades en la administración del IAFEP, con un presupuesto de $16.000 millones destinado a obras que no se realizaron o se construyeron parcialmente.

El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Chaco, Jorge Gómez, anunció que la provincia se ha constituido como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). El organismo fue intervenido tras el cambio de gestión, y hasta ahora, la investigación ha revelado inconsistencias graves en la utilización de un presupuesto de $16.000 millones asignado en 2023. "La justicia actuó y la provincia se constituyó como querellante para aportar pruebas y controlar el expediente", aseguró Gómez en diálogo con Radio Nordeste.

Los exfuncionarios Mauro Andión, quien fuera presidente del IAFEP, y la arquitecta María Laura Moreno fueron detenidos bajo los cargos de defraudación a la administración pública y violación de los deberes de funcionario. "La imputación es clara: se transfirió dinero para la construcción de viviendas y galpones, pero las obras no se realizaron o se ejecutaron parcialmente", explicó Gómez. De los $16.000 millones otorgados al IAFEP, $15.000 millones estaban destinados a cooperativas y fundaciones, muchas de las cuales no cumplieron con sus compromisos. "Tenemos que cuidar el dinero de la provincia, y lamentablemente, este no fue destinado a las personas más vulnerables", agregó.

La intervención del IAFEP fue decretada por el actual gobernador, Leandro Zdero, quien nombró a la escribana Clelia Ávila al frente del organismo para investigar posibles actos de corrupción. Según las declaraciones del ministro Gómez, ya se ha realizado una pericia contable que confirma un desfasaje entre los fondos transferidos y las obras ejecutadas. "Si una vivienda recibió el 80% del dinero, pero solo se construyó el 30%, hay un desfasaje del 50%. En algunos casos, ni siquiera se comenzó la construcción", detalló.

La causa incluye cinco expedientes que están siendo investigados por la fiscal Graciela Griffith Barreto y su equipo, y en los próximos 10 días hábiles se determinará si los acusados permanecerán en prisión preventiva. "Estamos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial", comentó Gómez, destacando que la investigación sigue abierta y que podría involucrar a más personas, incluidas cooperativas y fundaciones beneficiadas.

"Andión no era cualquier funcionario, era un predilecto de Capitanich, y eso se reflejaba en los presupuestos asignados", comentó Gómez. A medida que avanzan las investigaciones, crece la expectativa sobre posibles nuevas imputaciones y sobre el destino de los fondos públicos que debían haber beneficiado a las comunidades más necesitadas de la provincia.