El Ejecutivo nacional está preparando una ofensiva para incrementar el control sobre las finanzas de las universidades públicas argentinas. La administración actual planea solicitar al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, que reconsidere un dictamen emitido durante el gobierno anterior, el cual limita las atribuciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a las casas de altos estudios.

Esta iniciativa surge en medio de un debate sobre el financiamiento universitario y busca revertir la decisión tomada por el ex titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Zannini, en 2022. El dictamen en cuestión establecía que las funciones de la SIGEN no eran aplicables a las universidades nacionales, restringiendo así la capacidad de supervisión del organismo sobre estas instituciones.

La propuesta del gobierno incluye la participación de la SIGEN en las revisiones financieras y operativas de las universidades, complementando la labor que ya realiza la Auditoría General de la Nación (AGN). Esta medida ha recibido el respaldo del PRO, que la consideró como una condición para apoyar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversias. Desde la AGN se argumenta que es el Congreso Nacional quien tiene la potestad de determinar qué, cuándo y a quiénes se audita, a través del Plan Anual de Auditoría aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En respuesta a la situación, la AGN ha anunciado que llevará a cabo una revisión de la subsecretaría de Políticas Universitarias, perteneciente al Ministerio de Capital Humano.