El caso entrelaza diplomacia, derechos humanos y disputas internas.  

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha presentado una denuncia por traición a la Patria contra el ex embajador en Venezuela, Oscar Laborde, señalando que su intervención en el caso de Nahuel Gallo, gendarme argentino secuestrado en ese país, habría perjudicado los esfuerzos diplomáticos para garantizar su liberación. La denuncia sostiene que Laborde actuó en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, validando las acusaciones de espionaje contra Gallo y cuestionando la legitimidad de su ingreso a Venezuela, lo que según el Gobierno, representa una deslealtad a los intereses nacionales.  

El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando Nahuel Gallo viajó a Venezuela para visitar a su pareja y su hijo. A pesar de contar con la documentación adecuada, fue detenido al cruzar la frontera desde Colombia. Desde entonces, se desconoce su paradero, mientras que las autoridades venezolanas lo acusan de espionaje sin brindar pruebas claras. Ante esta situación, Argentina, privada de representación diplomática directa en Venezuela, ha recurrido a la Embajada de Brasil en Caracas y a organismos internacionales para exigir su liberación.  

En este contexto, Laborde habría iniciado gestiones independientes y no autorizadas con la familia de Gallo y altos mandos del régimen chavista. Según la denuncia, sus acciones habrían buscado legitimar la detención de Gallo al sugerir un ingreso irregular al país, socavando las gestiones oficiales. Además, el Gobierno alega que su conducta benefició al régimen venezolano y perjudicó gravemente los intereses argentinos, algo especialmente grave dado su pasado como embajador.  

La denuncia contra Laborde está basada en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica la traición a la Patria como acciones que comprometen la soberanía nacional, incluso fuera de un estado de guerra. Mientras la justicia evalúa la acusación, este caso pone de relieve las tensiones diplomáticas y políticas entre Argentina y Venezuela, así como las divisiones internas que se manifiestan en torno al manejo del caso Gallo.  

Al mismo tiempo, la Cámara Federal de Mendoza ha destacado la gravedad de la situación, subrayando la obligación de investigar crímenes como la desaparición forzada bajo el principio de jurisdicción universal. Además de exigir información sobre el paradero de Gallo, el tribunal instó a Venezuela a garantizar el acceso consular y el contacto con su familia. En tanto, la denuncia contra Laborde se convierte en un nuevo eje de discusión sobre los límites de la lealtad y la responsabilidad en contextos de alta tensión internacional.