La situación de los taxistas y remiseros en la capital chaqueña es cada vez más preocupante. Francisco Dino, integrante de la asociación de trabajadores del sector, describió un panorama desalentador durante una entrevista con N9. “Fue uno de los diciembres más pobres que recuerdo en mis 20 años en el rubro”, declaró. Esta crisis, que afecta tanto a los conductores como a los propietarios de vehículos, ha llevado al sector a solicitar que se declare la emergencia de su actividad.

La petición formal fue presentada ante la Cámara de Diputados en diciembre, encabezada por el diputado Berge y respaldada por otros seis legisladores. Dino explicó que “existe un compromiso de trabajar en el proyecto, aunque la propuesta llegó justo al cierre de las reuniones de comisión de Hacienda”.

Uno de los factores que agrava la situación es la irrupción de las aplicaciones internacionales, como Uber y Moto Uber. Dino señaló que estas plataformas “compiten de manera desleal”, ya que operan sin las mismas regulaciones que taxis y remises. A esto se suma la pérdida del 50% de las unidades tras la pandemia, lo que dejó a miles de trabajadores fuera del mercado laboral.

“Declarar la emergencia nos permitiría acceder a créditos blandos para renovar los vehículos, regularizar a quienes están fuera del sistema y enfrentar a las aplicaciones ilegales”, agregó Dino. También mencionó que el sector necesita ayudas que incluyan beneficios impositivos y subvenciones para los costos operativos.

El esfuerzo diario de los conductores es extenuante. Dino detalló que muchos choferes trabajan entre 12 y 20 horas al día para cubrir gastos. “Alquilar un vehículo cuesta $25.000 y el combustible, al menos $20.000. En un día bueno se pueden recaudar $50.000 o $60.000, pero la mayoría trabaja solo para empatar”, afirmó.

Los costos de mantenimiento también afectan gravemente a los conductores. “Es una lucha constante para sostener el servicio y cumplir con los pagos. Enero será un mes particularmente complicado, ya que el movimiento en la ciudad disminuye significativamente”, advirtió.

El pedido de declaración de emergencia busca soluciones estructurales para un sector que ha sido históricamente regulado y que enfrenta ahora los desafíos de la modernización y la competencia tecnológica. “Esperamos que la legislatura tome cartas en el asunto. No es solo un problema económico, es también social. Miles de familias dependen de esta actividad”, concluyó Dino.