“Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”, señaló el presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias 2025, a propósito de lo sucedido con Kim, la niña de 7 años asesinada por dos menores de edad.

El Congreso, receptivo al pedido presidencial, activará esta primera semana completa de ordinarias ese debate que viene desarrollándose desde el año pasado.

Siete fueron las reuniones desarrolladas en el marco de plenarios integrados por las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Laura Rodríguez Machado (Pro), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

Precisamente los presidentes de esas comisiones decidieron convocar a un plenario este miércoles. A través de un comunicado, los titulares de las comisiones señalaron que el presidente en su discurso “habilitó el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley Penal Juvenil, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con otros doce proyectos que abordan la misma temática”.

“El Régimen Penal Juvenil ha sido objeto de debate en el ámbito legislativo desde agosto de 2024, en un plenario conformado por las comisiones mencionadas. Se han llevado a cabo siete reuniones en las que expusieron 26 especialistas de distintos ámbitos, entre ellos, jurídico, judicial, fuero de menores, fundaciones, y médicos neurólogos”, recordaron.

Tras mencionar que el encuentro se realizará en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, los diputados indicaron que, de acuerdo con la composición de las comisiones, “se necesitan 73 diputados entre todas” para emitir dictamen.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.

De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.