El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los detenidos por la protesta de los barrabravas ocurrida el miércoles en las inmediaciones del Congreso. Se los acusa de sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional, argumentando que la movilización no fue espontánea, sino parte de una organización premeditada con el objetivo de generar caos y desestabilización. Además, el Gobierno exigió el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los arrestados mediante un mensaje de WhatsApp, sin evaluar pruebas ni antecedentes penales.  

El escrito detalla que los hechos violentos derivaron en agresiones a la policía, incendios y destrozos de bienes públicos. Entre los heridos hay catorce agentes, un fotógrafo y varios civiles. La denuncia subraya la participación de grupos organizados, vinculados a clubes de fútbol como River Plate, Boca Juniors, Independiente y Chacarita, así como la presunta financiación por parte de sectores políticos y sindicales. También se menciona el respaldo del exlíder de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la protesta desde España.  

El Gobierno considera que la jueza Andrade actuó de manera irregular al disponer la liberación de más de cien detenidos sin un análisis judicial adecuado. Por ello, solicitó que la causa sea trasladada al fuero federal y no descartó una denuncia contra la magistrada por presunto prevaricato. Además, advirtió que los grupos organizados planean repetir este tipo de movilizaciones, lo que, según la denuncia, representa un desafío a la estabilidad institucional del país.  

La investigación ahora queda en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar las pruebas presentadas, incluyendo videos, testimonios y registros de financiamiento. El Ministerio de Seguridad sostiene que se trata de un caso de violencia política con ramificaciones en distintos sectores, lo que justifica su tratamiento como un delito de extrema gravedad.