El gobierno de Chaco ratificó su postura a favor de la prohibición del uso de celulares en cárceles y comisarías, luego de que el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General Adjunta presentaran un hábeas corpus contra la medida. En diálogo con N9, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, calificó el reclamo como una “intromisión” y aseguró que “los mismos derechos no pueden tener los que están adentro que los que están afuera”.  

La norma en cuestión es la ley 4033-J, sancionada recientemente, que impide el uso de dispositivos móviles en los centros de detención. Según los organismos que la impugnan, la prohibición es “regresiva” y vulnera derechos esenciales, como la comunicación con familiares y el acceso a la educación. Sin embargo, Matkovich defendió la medida y cuestionó a quienes la rechazan: “Es un pequeño, minúsculo sector retrógrado que le ha causado mucho daño al país y a la provincia del Chaco”.  

Uno de los principales argumentos en favor de la restricción es la relación entre el uso de celulares en las cárceles y la comisión de delitos, especialmente estafas virtuales. Al respecto, el ministro insistió en que la medida busca proteger a las víctimas: “Nosotros garantizamos la comunicación con sus familiares y su defensa, pero dejarles el celular para que sigan delinquiendo, están muy equivocados”. También mencionó que en un operativo reciente se secuestraron 60 teléfonos en la comisaría sexta.  

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura sostienen que no existen pruebas concretas de delitos cometidos desde las cárceles chaqueñas. “El último informe del Ministerio de Seguridad menciona 30 denuncias, sin confirmación de que hayan ocurrido delitos desde contextos de encierro”, afirmó su titular. Matkovich rechazó esta postura y respondió: “Poco me interesa la opinión de estos personajes, habría que preguntarle a las víctimas de asesinos, violadores y estafadores qué piensan de esta medida”.  

El debate también tiene un trasfondo político. Desde el Comité aseguran que la norma responde a un contexto electoral y busca endurecer el discurso punitivo. El ministro, en tanto, consideró que existe una intencionalidad política detrás del hábeas corpus: “Hay un pequeño núcleo duro que sigue defendiendo a los delincuentes. Nosotros venimos a poner orden y defendemos a la gente de bien”.  

La decisión final quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá determinar si la prohibición es compatible con la Constitución y las leyes nacionales. Mientras tanto, el gobierno chaqueño avanza con las requisas en unidades penitenciarias y comisarías para retirar los teléfonos que aún se encuentran en posesión de los internos.