La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Macé, dictó el auto de procesamiento del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad.

El jefe comunal quedó imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

La medida fue dispuesta a pedido del fiscal federal Carlos Amad.

Según la investigación, Carlos Ibáñez habría utilizado el Centro de Atención Digital (CAD) de Taco Pozo —una estructura municipal bajo su control— para gestionar Pensiones No Contributivas (PNC) para personas que no cumplían con los requisitos legales.

El fiscal Amad sostiene que Ibáñez designaba personal clave en ese centro y permitía que desde allí se concretaran maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a los beneficios.

Además de Ibáñez, también están implicados en la causa su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, un hombre identificado como Marcos Rojas y varios empleados municipales.

De acuerdo con el expediente, Ibáñez no solo estaba al tanto de las maniobras, sino que también habría promovido el uso político de las pensiones, participando en actos de proselitismo vinculados con su entrega, lo que sugiere un posible interés personal y electoral detrás del esquema.