El Gobierno nacional oficializó este lunes un incremento del 3,73% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que comenzará a regir a partir de mayo. La medida fue establecida mediante las resoluciones 211/2025 y 212/2025, publicadas en el Boletín Oficial, en las cuales la Anses definió los nuevos haberes mínimos y máximos, además de los montos actualizados para las principales prestaciones sociales.

Con la nueva actualización, el haber mínimo garantizado se fijó en $296.481,74, mientras que el máximo alcanzará los $1.995.041,47. Las basesimponibles de los aportes previsionales también fueron ajustadas: la mínima será de $99.855 y la máxima de $3.245.240,49. La Prestación Básica Universal quedó establecida en $135.626,86, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor en $237.185,39.

En cuanto a las asignaciones familiares, los trabajadoresen relación de dependencia que perciban ingresos familiares de hasta $824.838 recibirán una asignación por hijo de $53.271. Para quienes superen ese monto, el beneficio decrecerá progresivamente hasta un mínimo de $11.211. Se mantuvieron las diferenciaciones geográficas para atender los distintos costos de vida en el país. Monotributistas, beneficiarios de la AUH, trabajadores temporarios y veteranos de guerra también fueron alcanzados por este ajuste.

Otros beneficios también recibieron incrementos: la asignación por embarazo será de $53.271, las asignaciones por nacimiento y matrimonio subirán a $62.093 cada una, y la de adopción trepará a $371.275. La ayudaescolar anual quedó en $42.039 y no estará sujeta a tope de ingresos familiares. No obstante, si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $2.183.971 de ingreso individual, se perderá el acceso a las asignaciones.

La movilidad aplicada para esta actualización se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, en cumplimiento del DNU 274/2024. Este nuevo esquema, que reemplazó las fórmulas anteriores de ajuste combinadas entre salarios y recaudación, vincula directamente la actualización de las prestaciones sociales a la inflación mensual, con el objetivo de mitigar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo.