La exintendenta de Resistencia y exsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Aída Ayala, decidió no prestar declaración en el inicio del juicio oral en su contra por presunto desvío de fondos estatales. La decisión fue confirmada por su abogada defensora, Claudia Mongelo, quien además presentó un recurso de nulidad ante el tribunal.

La defensa sostiene que hubo un vicio en el proceso debido a la actuación del exintendente de Quitilipi, Sergio Casalboni. "Primero lo tomaron como testigo y recién después como imputado. Eso es lo que estamos analizando y por lo que se presentó la nulidad", explicó Ayala al ser consultada durante un cuarto intermedio. El planteo quedó a consideración del tribunal, que deberá resolverlo antes de continuar con el debate.

La causa gira en torno a un convenio firmado en 2016 entre Ayala y el entonces jefe comunal de Quitilipi, mediante el cual se adquirieron maquinarias y herramientas con presuntos sobreprecios, financiadas a través del programa nacional Mi Pueblo. Ayala, sin embargo, se desligó de la responsabilidad sobre la ejecución local del convenio. "Él compró con sobreprecios, él adquirió los equipos. ¿Cuál sería mi intervención en ese sentido?", cuestionó.

La exfuncionaria también planteó dudas sobre el enfoque judicial que se le da a su rol en el esquema investigado: "Teníamos en Nación todo un circuito de controles. No se puede estar controlando los 2.300 municipios que accedían a estos programas, que además eran supervisados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio", afirmó.

En su descargo, Ayala se mostró serena y reafirmó su postura: "Estoy tranquila con todo esto. Es descabellado que un intendente reconozca su propia torpeza y quiera compartirla con alguien que no tiene nada que ver", concluyó. Mientras tanto, el tribunal federal deberá definir si acepta el planteo de nulidad o si da continuidad al juicio, que involucra también a excolaboradores de Ayala y al empresario Claudio Tolosa, titular de la empresa Service Hogar.