El juez federal Daniel Rafecas resolvió habilitar el juicio en ausencia contra los diez acusados por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La decisión se apoya en la reciente reforma del Código Procesal Penal, sancionada por el Congreso en febrero de este año, que permite avanzar en causas penales cuando los imputados eluden de manera sistemática a la Justicia. El planteo había sido formulado por la Unidad Fiscal AMIA, en un intento de destrabar una causa estancada desde hace décadas. Los acusados son exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah, sobre quienes pesan pedidos de captura internacional.

En su resolución, Rafecas argumentó que los imputados fueron declarados en rebeldía hace años y que están informados de su situación procesal, pero nunca respondieron a los pedidos de extradición. Entre los acusados figuran Mohsen Rabbani, Ahmad Vahidi y Alí Akbar Velayati, todos vinculados a estructuras del Estado iraní, así como miembros del aparato operativo de Hezbollah. La investigación judicial sostiene que el atentado fue planificado por autoridades del régimen iraní y ejecutado con apoyo logístico y operativo en la Argentina y la región de la Triple Frontera. La explosión provocó la muerte de 85 personas y más de 150 heridos.

El fallo representa un giro relevante en una causa emblemática del terrorismo internacional en Argentina. No obstante, el juicio en ausencia fue objetado por diversos sectores por su posible afectación al derecho a defensa. La organización Memoria Activa manifestó su rechazo, advirtiendo que esta modalidad podría cerrar la causa sin garantizar justicia ni verdad. En el Congreso, la iniciativa fue aprobada con respaldo mayoritario, aunque también generó disidencias. En Diputados, la reforma obtuvo 147 votos afirmativos, 68 negativos y 9 abstenciones.

El proceso contra los acusados del atentado a la AMIA se suma a una extensa secuencia de causas derivadas, entre ellas el juicio por encubrimiento, el nuevo debate contra Carlos Telleldín y el expediente vinculado al memorando con Irán. En paralelo, se mantiene el recuerdo de un ataque que marcó a la sociedad argentina y dejó un largo saldo de impunidad judicial. Aunque la resolución de Rafecas aún puede ser apelada, marca un nuevo intento institucional por avanzar en una investigación que, a más de tres décadas, sigue abierta.