A días de las elecciones legislativas, el Gobierno volvió a instalar la reforma laboral en la mesa del Consejo de Mayo, donde confluyen funcionarios, sindicalistas y empresarios. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, retomó en el Congreso —y ya lo había hecho en el Coloquio de IDEA— el concepto de "salarios dinámicos", una propuesta que, según dijo, puede implementarse "sin necesidad de modificar la ley, aunque podría hacerlo". "El objetivo es identificar elementos objetivos que permitan diferenciar la eficiencia y eficacia de cada trabajador, lo que se traduce en remuneraciones acordes a la productividad", expuso ante legisladores y ejecutivos.

El planteo choca con un problema práctico: medir productividad no es homogéneo entre actividades. En la industria suele ser más trazable que en servicios, comercio o tareas administrativas. Por eso, fuentes que siguen la discusión señalaron que el anclaje natural serían convenios por empresa —como los que tienen automotrices con Smata— y no acuerdos de actividad. "Quieren instalar que los convenios por empresa no necesariamente tengan que ser superadores. Si hay muchos convenios por empresa, podrías instalar el tema de la productividad y que sean salarios dinámicos", describió una de esas fuentes, que de todos modos advirtió: "Va a ser difícil que sea aceptado".

Para que los acuerdos por empresa ganen peso, empresarios y Gobierno apuntan al principio de prelación de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza que rija la norma más favorable al trabajador y hoy otorga supremacía al convenio de actividad. Cordero lo explicitó así: existen "dos enfoques jurídicos" posibles; uno donde "el convenio de empresa tenga prioridad sobre el de actividad", y el otro —vigente— que "otorga al convenio de actividad esa supremacía, permitiendo al de empresa solo mejorar las condiciones". "Es cierto, los convenios colectivos tienen una duración muy extensa. Ambos modelos son administrables y responden a postulados legales diferentes", añadió. Y sobre el temario, fue tajante: "No habrá asunto laboral que quede fuera del debate y la negociación".

El paquete se completa con dos ejes que entusiasman al sector empresario: terminar con la ultractividad —la continuidad del convenio vencido hasta que haya uno nuevo— para dinamizar las cláusulas obligacionales (aportes para sepelio, capacitación, etc.), y establecer la voluntariedad de los aportes sindicales, con conformidad expresa del trabajador. "Si dejás de lado la ultractividad y hacés acuerdos privados, vas a generar negociaciones más dinámicas, más activas, más relacionadas con la productividad", evaluó otra fuente al tanto del borrador. La CGT respondió en bloque. Gerardo Martínez, titular de la Uocra, cuestionó que "la pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional… no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral", decisión que —recordó— la central "rechazó y judicializó con éxito". Según Martínez, en el propio Consejo de Mayo la CGT ya expresó "un contundente y categórico rechazo". Con los alineamientos nítidos, el oficialismo prevé retomar el tratamiento después de los comicios, con salarios, prelación y ultractividad como puntos de máxima fricción.