El Gobierno nacional eliminó la inspección obligatoria de las llamadas "Buenas Prácticas de Fabricación" (BPF) para medicamentos importados, una medida que había estado vigente desde 2005 para garantizar controles presenciales de los laboratorios extranjeros. A partir de la Disposición 7998/2025, publicada en el Boletín Oficial, el personal técnico de la ANMAT ya no viajará a los países productores para verificar las condiciones sanitarias de fabricación antes de autorizar la comercialización en la Argentina.

La decisión fue impulsada por los ministerios de Salud, a cargo de Mario Lugones, y de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, bajo el argumento de "agilizar trámites y evitar demoras" en las autorizaciones de importación. Según el comunicado oficial, la agencia sanitaria tomará en cuenta certificaciones emitidas por "otras autoridades confiables", retomando un esquema similar al que rigió durante el menemismo, cuando la flexibilización de controles fue señalada como causa de deficiencias en el sistema de fiscalización de medicamentos.

Desde distintos sectores sanitarios advirtieron que la medida podría tener consecuencias graves en materia de seguridad farmacológica. El biotecnólogo Ernesto Resnik recordó en redes sociales que "Sturzenegger desreguló la importación de medicamentos de India eliminando las inspecciones", y citó un informe reciente de la FDA estadounidense, que halló "pájaros volando, lagartos arrastrándose y gatos errantes" en un depósito de remedios en ese país. El antecedente reciente de las 124 muertes por fentanilo contaminado refuerza las críticas hacia una política que prioriza la desregulación por sobre los controles preventivos.

La eliminación de inspecciones internacionales se enmarca en una serie de resoluciones impulsadas por Sturzenegger orientadas a reducir la intervención estatal en materia sanitaria. Días atrás, el ministro había anunciado la Disposición 7939/25, que libera los controles previos de la ANMAT sobre cosméticos y productos de higiene personal. Mientras el Ejecutivo sostiene que estas reformas "abaratan costos y agilizan procesos", expertos del ámbito farmacéutico advierten que la salud pública no puede someterse a los mismos criterios de mercado que un trámite comercial.