El Gobierno nacional avanza en la definición del temario que llevará al Congreso durante las sesiones extraordinarias, previstas para iniciar el 10 de diciembre. Con la nueva composición legislativa, la estrategia de la Casa Rosada es dividir el trabajo parlamentario en dos etapas: la primera, entre diciembre y fin de año, centrada en la aprobación del Presupuesto 2026; y la segunda, en febrero, destinada a discutir las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei.

El proyecto de Presupuesto será la pieza central del primer tramo del debate legislativo. Dentro de esa discusión, el Ejecutivo planea incluir la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que propone modificar el régimen impositivo vigente, elevar los umbrales de fraude fiscal y crear un sistema simplificado de declaración jurada. Estas medidas forman parte del denominado "Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos", con el que el Gobierno busca reducir la carga burocrática y fortalecer la seguridad jurídica en materia tributaria.

Durante el verano, la atención se trasladará hacia las reformas de "segunda generación", entre ellas la tributaria, la laboral y la previsional. Sin embargo, los gobernadores de distintas provincias manifestaron que aún no recibieron los borradores de las propuestas. A la par, el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete iniciaron una ronda de reuniones con mandatarios provinciales para sumar apoyos, especialmente en el interior productivo y las regiones mineras, donde también se espera avanzar con la modificación del decreto reglamentario de la Ley de Glaciares.

La segunda etapa del plan legislativo, prevista para febrero, incluirá además el tratamiento de la reforma del Código Penal elaborada por el Ministerio de Justicia. El texto introduce penas más severas para delitos graves, incorpora la imprescriptibilidad en casos de corrupción y endurece las sanciones vinculadas al narcotráfico. En paralelo, el oficialismo busca consolidar alianzas parlamentarias con espacios aliados y la oposición moderada para garantizar la aprobación de los proyectos antes del inicio del período ordinario, previsto para el 1 de marzo de 2026.