Con su nombramiento, se convierte en el primer militar en ocupar la cartera desde el retorno democrático, una decisión que el oficialismo presentó como un "fin de la demonización" hacia las Fuerzas Armadas. El anuncio, sin embargo, quedó atravesado por la figura de su padre, Carlos Roque Presti, un comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la última dictadura, imputado por delitos de lesa humanidad y responsable del Área Operacional 113, bajo cuya órbita funcionaron centros clandestinos como La Cacha, Arana y la Comisaría 5ª.

El pasado del padre vuelve a escena porque murió sin ser juzgado, pese a estar imputado por crímenes contra al menos 44 víctimas. Y porque el nuevo ministro nunca expresó públicamente una condena al accionar represivo del régimen ni tomó distancia del historial de su familia. Esa ausencia de posicionamiento generó críticas. La Asamblea Desobediente, integrada por familiares de genocidas que repudian los crímenes de sus propios padres, había manifestado su rechazo ya cuando Presti asumió como jefe del Ejército en 2024. La designación en Defensa reactivó ese debate, especialmente en un contexto de tensión por las declaraciones del Gobierno sobre "memoria completa".

En cuanto a su trayectoria, Presti hijo es un militar con 59 años, egresado del Colegio Militar en 1987 y proveniente del arma de Infantería. Comandó el Regimiento de Asalto Aéreo 601, la IV Brigada Aerotransportada y dirigió el Colegio Militar, además de haber participado en misiones internacionales y cumplir funciones diplomáticas en Centroamérica durante el gobierno de Mauricio Macri. En enero de 2024 fue designado jefe del Ejército, posición desde la que ahora salta directamente al Gabinete, un hecho que marca un cambio significativo en la conducción política del área de Defensa.

El propio Presti agradeció públicamente a Javier Milei y a Luis Petri, asegurando que las Fuerzas Armadas deben estar "a la altura del nuevo rol protagónico" que imagina el Gobierno. Pero su llegada al ministerio se produce en un momento en que organismos de derechos humanos advierten una revisión regresiva del consenso democrático construido desde 1983. Entre el alineamiento oficial con discursos que relativizan el terrorismo de Estado, las polémicas intervenciones ante organismos internacionales y la figura de un ministro cuyo padre integró el aparato represivo, la continuidad del enfoque histórico en políticas de memoria vuelve a instalarse como una discusión de fondo que seguirá abierta en los próximos días.