La acusación recayó sobre Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El Gobierno presentó una denuncia judicial por presunto lavado de dinero y evasión impositiva, luego de que ARCA detectara una serie de movimientos considerados inusuales. Según la presentación, "las maniobras delictivas ascenderían hasta los $3.327.267.047", una cifra que surgió de los análisis internos del ente recaudador.

ARCA sostuvo que la empresa manejó transferencias de enorme volumen a través de su billetera virtual. "Sur Finanzas recibió dinero por transferencias que suman un total de $818.000.000.000", indicó el organismo, que remarcó que entre los usuarios aparecieron "personas no categorizadas, apócrifos y monotributistas con escasa capacidad económica". En la misma línea, la DGI corroboró que varios de los emisores no contaban con respaldo fiscal que justifique ese flujo.

En la denuncia se describió el funcionamiento de la plataforma. "La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente", explicó ARCA. Esa mecánica —que permite transferir y recibir fondos desde otras billeteras o desde cuentas bancarias— convirtió a la empresa en una intermediaria del sistema. Para el Gobierno, esa condición implica responsabilidades impositivas que, aseguran, no fueron cumplidas: "Sur Finanzas no detrajo de las transferencias de sus clientes una suma de impuesto nominal", lo que originó el reclamo fiscal por más de $3.327 millones.

Otro punto destacado en el expediente fue la operatoria de 26 empresas que usaron la plataforma. ARCA detalló que esas firmas "están dentro de la base de emisores de facturas apócrifas", lo que va en contra de la regulación del Banco Central que prohíbe a los Proveedores de Servicios de Pago trabajar con contribuyentes incluidos en la Base de No Confiables. Para el organismo, esta coincidencia apunta a un posible esquema organizado para desviar fondos.

El texto judicial también advirtió que Sur Finanzas "se encuentra en lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y personas humanas sin capacidad económica, para mover virtualmente los millonarios montos detectados". ARCA planteó que este comportamiento alimenta las sospechas sobre la presunta ilicitud de los fondos y justificó el pedido de que se investigue un posible lavado de dinero.

La DGI solicitó medidas urgentes para avanzar con la causa. Entre ellas, mencionó allanamientos, embargos de bienes, inhibiciones generales y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF). Con estos elementos, el Gobierno busca determinar el origen de los fondos y las responsabilidades directas en el entramado financiero que rodea a Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo.