El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso mediante el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida estableció que la actividad legislativa se concentrará entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario que abarca reformas económicas, fiscales, laborales y judiciales. Según el texto oficial, la decisión responde a la necesidad de "agilizar el tratamiento de políticas urgentes" y de "dotar de un marco normativo actualizado al ciclo político y económico en curso".

Dentro de la agenda se destaca el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que definirá los recursos y gastos previstos para el próximo año. El listado incorpora además la Ley de Inocencia Fiscal, orientada a revisar el esquema tributario vigente, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, promovida por el Ejecutivo como parte de su programa económico. Estas iniciativas se suman a la propuesta de Modernización Laboral, cuyo envío al Congreso fue instruido por el Presidente, generando anticipación en los sectores sindicales y empresariales por el alcance de los cambios.

El temario extraordinario también contempla la Reforma del Código Penal, impulsada para actualizar definiciones y penas de delitos en función de parámetros reclamados por el Ejecutivo. A esto se suma el proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Desde el ámbito ambiental advirtieron sobre el impacto potencial de las modificaciones, mientras que el Gobierno sostuvo que busca "armonizar protección y desarrollo productivo".

La dinámica política añade complejidad al escenario. La Libertad Avanza aspira a avanzar con los proyectos antes del 31 de diciembre, aunque no cuenta con mayoría propia. Las negociaciones se orientan a los bloques vinculados a gobernadores, quienes concentran el poder de decisión en Diputados. "Los acuerdos no se van a cerrar en los despachos del Congreso, sino en la Casa Rosada", admitieron referentes parlamentarios al describir la centralidad que adquirieron las provincias en estas tratativas.

El bloque Provincias Unidas es uno de los espacios clave en esa ingeniería legislativa. Está conducido por Gisela Scaglia y reúne legisladores cercanos a los gobernadores de Santa Fe, Jujuy, Córdoba y Chubut, además de dirigentes como Esteban Paulón, Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. A la par, la UCR, presidida por Pamela Verasay, mantiene una estructura heterogénea en la que conviven representantes afines a Alfredo Cornejo, así como radicales correntinos y chaqueños que priorizan agendas provinciales.

Otros agrupamientos, como Innovación Federal, responden a los gobernadores de Salta y Misiones, mientras que dentro de Unión por la Patria también persisten divisiones internas con los bloques Independencia y Elijo Catamarca. En este contexto, sectores opositores señalaron que las extraordinarias deben desarrollarse con "diálogo y transparencia", mientras que desde el Ejecutivo consideran que el período especial ofrece una "oportunidad para avanzar con debates pendientes y reformas estructurales".

El cierre del año parlamentario quedará marcado por estas discusiones, que combinan urgencias políticas, tensiones entre bloques y negociaciones con las provincias. El Gobierno apuesta a consolidar un paquete de leyes que definirá parte de su estrategia económica para 2026, mientras el Congreso se prepara para un diciembre de debates intensos.