El INDEC avanza en una serie de cambios estructurales que modificarán la forma en que se mide la inflación y los salarios en la Argentina. La mayoría de estas actualizaciones entrará en vigencia durante el primer trimestre de 2026 y se da en un contexto complejo, marcado por la aceleración reciente de los precios, la expectativa de movimientos en el dólar y un proceso de reestructuración interna que derivó en la salida de directores y técnicos clave. El eje central será el lanzamiento de un nuevo Índice de Precios al Consumidor, que comenzará a publicarse en febrero con el dato de inflación de enero, reemplazando parámetros que tenían un atraso de casi dos décadas.

La nueva medición del IPC tomará como período base el año 2025 y se apoyará en la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, correspondiente a 2017-2018, en lugar de la actual, basada en datos de 2004-2005. Esto implicará una canasta más alineada con los consumos actuales, con mayor peso de los servicios y menor incidencia de los bienes. Se incorporan gastos como plataformas digitales y se refuerza la relevancia de la telefonía móvil, además de introducir diferencias regionales entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país. Con esta metodología, el índice pasará a relevar alrededor de 500 mil precios mensuales, frente a los 320 mil actuales, y tenderá a reflejar con mayor precisión los aumentos en alquileres, tarifas, transporte y comunicaciones, rubros que vienen liderando la inflación reciente.

Además del IPC, el INDEC trabaja en la actualización del índice de salarios, con el objetivo de reducir el rezago en la medición de los ingresos del sector informal y mostrar una evolución más cercana a la realidad. También avanza en la creación de un índice de productividad y en el diseño de un nuevo indicador de pobreza, que no estaría disponible antes de 2026. Estos cambios se desarrollan mientras el organismo enfrenta una reducción de personal, con más de un centenar de empleados menos que el año anterior y varias direcciones vacantes, producto de jubilaciones forzadas y renuncias asociadas al congelamiento salarial. En paralelo, sigue en debate un proyecto para dotar al INDEC de mayor autonomía institucional, en un escenario donde los nuevos índices tendrán un impacto directo en jubilaciones, impuestos, salarios, créditos y tarifas.