Una auditoría impulsada por el Gobierno nacional permitió detectar que cerca de 180 mil personas fallecidas figuraban como titulares activos del Certificado Único de Discapacidad, lo que habilitaba el acceso a distintas prestaciones estatales. La situación fue identificada a partir del cruce de información entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Registro Nacional de las Personas, en el marco de un proceso de revisión iniciado tras una serie de controversias que afectaron al organismo durante los primeros meses de gestión.

La detección de estas inconsistencias se produjo durante la intervención encabezada por el sanitarista Alejandro Vilches, designado para normalizar el funcionamiento del área. A partir de los datos verificados, se avanzó con la baja de los certificados observados y se comenzó a analizar la trazabilidad de las prestaciones asociadas. En ese contexto, en la Casa Rosada evalúan la posibilidad de llevar el caso a la Justicia, tanto contra quienes habrían percibido beneficios de manera indebida como contra los prestadores que intervinieron en el circuito de asistencia.

El hallazgo forma parte de una auditoría más amplia que también revisa contratos, consumos de medicamentos y procedimientos administrativos dentro del organismo. Las irregularidades detectadas reactivaron el debate interno sobre el control del sistema y su estructura institucional, aunque finalmente se descartó modificar su dependencia administrativa. La investigación continúa abierta y los resultados finales podrían conocerse recién hacia el primer trimestre de 2026, en un contexto político marcado por la discusión legislativa sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Presupuesto nacional.