La propuesta que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación forma parte de una decisión que se viene trabajando desde hace meses y que recoge reclamos de distintos sectores. Entre ellos se encuentran familiares de personas con padecimientos mentales, profesionales del área y miembros de las fuerzas de seguridad, quienes advierten dificultades en la aplicación práctica de la normativa actual.

El nuevo proyecto se apoyaría en varios de los puntos que habían sido incluidos en la versión original de la Ley de Bases. Entre los cambios centrales aparece la posibilidad de crear centros especializados y de habilitar internaciones involuntarias bajo determinadas condiciones, uno de los aspectos más cuestionados por quienes consideran que la ley vigente limita las herramientas de intervención frente a situaciones de riesgo.

La administración nacional ya había intentado avanzar con una reforma durante el primer año de gestión. En aquel momento, se propusieron modificaciones a ocho artículos de la ley, entre ellos el que establece que las internaciones deben realizarse en hospitales generales. Ese punto fue interpretado por algunos sectores como un posible regreso a instituciones especializadas, en contraste con el enfoque actual que prioriza la atención comunitaria y la desinstitucionalización.

Otro eje que volvería a estar en debate es el de la internación involuntaria. La propuesta permitiría que los jueces autoricen hospitalizaciones tras una evaluación interdisciplinaria previa y habilitaría a los defensores oficiales a oponerse a externaciones. Además, se analiza restituir la posibilidad de adoptar medidas de atención urgente antes de completar dicha evaluación, cuando la situación lo amerite.

También se contempla eliminar la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes, tanto públicas como privadas. Este punto genera fuertes discusiones, ya que la ley vigente fue diseñada para evitar ese tipo de establecimientos y promover tratamientos integrados en el sistema general de salud.

La Ley de Salud Mental fue promulgada en 2010 durante el primer mandato de Cristina Kirchner, reglamentada en 2013 y ratificada luego en el Código Civil de 2015. Contó con el respaldo de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, aunque con el paso del tiempo recibió críticas por la falta de recursos y por las dificultades para su implementación efectiva.

Desde las fuerzas de seguridad suelen citarse casos concretos para fundamentar la necesidad de cambios. Uno de los más mencionados es el asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán en 2020, ocurrido en un episodio que reavivó el debate sobre los límites de la internación voluntaria y el rol del Estado ante personas con padecimientos mentales que representan un riesgo para terceros.

Con este nuevo intento, el Gobierno busca reabrir una discusión sensible y de alto impacto social. El debate legislativo que se espera para los próximos meses volverá a poner en tensión dos enfoques: el que prioriza la protección de derechos y la atención comunitaria, y el que reclama mayores herramientas de intervención ante situaciones críticas.