El Gobierno de Israel tomó distancia de la petrolera Navitas Petroleum, vinculada a capitales israelíes y asociada a un proyecto de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, y ratificó su relación estratégica con la Argentina. La aclaración fue realizada por el canciller Gideon Sa’ar luego de la protesta formal presentada por la Casa Rosada frente al avance de actividades petroleras en una zona marítima cuya soberanía reclama la Argentina y que es administrada de facto por el Reino Unido.

El pronunciamiento oficial se conoció tras el anuncio del consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la firma Navitas Petroleum de avanzar con el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago. Desde Buenos Aires, el proyecto fue calificado como una explotación ilegal e ilegítima por realizarse sin autorización argentina y en un área sujeta a una disputa de soberanía histórica.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Sa’ar buscó separar de manera explícita la actuación empresarial de la posición del Estado israelí. "Recientemente, la empresa israelí Navitas Petroleum anunció que su filial británica llevará a cabo actividades en el océano Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido", señaló. A continuación, remarcó: "Se trata de una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna", y añadió: "Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina".

El canciller israelí completó su mensaje con definiciones de tono político y diplomático. Por un lado, expresó que Israel espera que la controversia entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo y por medios pacíficos. Por otro, destacó el carácter "especial, sólido y estrecho" del vínculo con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, una relación que —según afirmó— es "especialmente apreciada por el pueblo de Israel".

La aclaración respondió a la reacción del Gobierno argentino, que días antes había rechazado formalmente el avance del proyecto Sea Lion. Desde la Cancillería se recordó que este tipo de iniciativas contradice resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras persista la disputa por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

En ese marco, la Argentina no solo apuntó contra el Reino Unido, al que responsabiliza por otorgar licencias de exploración desde la administración isleña, sino que también extendió su reclamo a las empresas involucradas y a los Estados con los que estas mantienen vínculos. La participación de Navitas Petroleum, fundada en Israel aunque operativamente radicada en el Reino Unido para este emprendimiento, motivó que el planteo llegara también a Jerusalén.

Desde la perspectiva argentina, este tipo de reacciones forma parte de una política sostenida a lo largo de distintos gobiernos. Cada vez que se anuncian actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la zona en disputa, el Estado activa los canales diplomáticos para dejar constancia de su protesta y reafirmar sus derechos soberanos, en una línea considerada de Estado y con amplio consenso interno.

El yacimiento Sea Lion es uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en el entorno de las Malvinas. Según datos difundidos por las propias compañías, el plan contempla inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares y una producción estimada de decenas de miles de barriles diarios. Para la Argentina, sin embargo, la magnitud económica del emprendimiento no modifica el eje central del conflicto: la explotación de recursos naturales en un área cuya soberanía permanece en discusión.

En Buenos Aires, la reacción israelí fue interpretada como una señal política relevante que permitió encauzar el episodio dentro de los márgenes habituales de la diplomacia. Fuentes oficiales valoraron la distinción explícita entre el accionar de una empresa privada y la postura del Estado israelí, al considerar que evitó una escalada en el vínculo bilateral y preservó la relación estratégica entre ambos países.

Desde la Cancillería argentina remarcaron que la protesta formal continúa vigente y que el país seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y legales a su alcance para desalentar este tipo de actividades. También recordaron que Navitas Petroleum fue incluida en el pasado en listados de empresas sancionadas por operar sin autorización en áreas bajo jurisdicción argentina, lo que refuerza la posición oficial frente al caso.

El episodio volvió a poner en primer plano la centralidad de la cuestión Malvinas en la política exterior argentina. Al mismo tiempo, dejó en evidencia cómo los proyectos energéticos en la región generan repercusiones que exceden el vínculo bilateral con el Reino Unido y alcanzan a otros actores del escenario internacional, obligando a pronunciamientos diplomáticos para preservar equilibrios políticos y estratégicos.