Durante más de dos semanas, fuerzas de Estados Unidos siguieron a un petrolero vinculado a Venezuela que navegaba por el Atlántico con destino a Rusia. El buque, originalmente conocido como Bella 1 y ahora rebautizado como Marinera, había logrado esquivar el bloqueo marítimo impuesto por Washington a los petroleros sancionados y rechazó reiterados intentos de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense.

La operación fue encabezada por la Guardia Costera de Estados Unidos junto con el ejército, según funcionarios estadounidenses. Durante el despliegue, se detectó la presencia de unidades militares rusas en las inmediaciones, incluido un submarino, lo que añadió un componente de tensión internacional al operativo y elevó el riesgo de fricciones diplomáticas entre Washington y Moscú.

El Marinera navega bajo bandera rusa y se convirtió en el tercer petrolero enfrentado por las autoridades estadounidenses desde que el presidente Donald Trump reforzó la presión sobre Caracas. En diciembre, otro buque, el Skipper, fue detenido e incautado cuando se dirigía a China, mientras que un segundo petrolero fue interceptado y abordado sin llegar a ser confiscado. La estrategia oficial apunta a frenar el comercio de crudo venezolano realizado por embarcaciones sancionadas, conocidas como "buques fantasma".

En paralelo, Estados Unidos interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas, mientras mantiene el bloqueo naval que limita las exportaciones energéticas del país caribeño. En los últimos días, al menos 16 buques habrían intentado evadir el control marítimo ocultando su ubicación o apagando sus sistemas de transmisión. Imágenes satelitales muestran que varios de ellos abandonaron puertos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro, algunos utilizando identidades falsas y manipulando sus señales, una práctica conocida como "spoofing".

La salida de estos barcos se produce en un contexto de fuerte presión sobre la industria petrolera venezolana. Con los depósitos de almacenamiento cerca de su límite, detener la producción implicaría riesgos técnicos y daños en la infraestructura. Según fuentes del sector, parte de los buques que zarparon sin autorización fueron contratados por comerciantes sancionados por Washington, lo que refuerza la disputa geopolítica en torno al control del crudo venezolano y mantiene abierta la incertidumbre sobre el paradero y el destino final de varias de estas embarcaciones.