Mientras se ultiman los detalles del segundo tramo de sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional puso en marcha las negociaciones políticas para intentar sancionar la reforma laboral en febrero. Aunque las instancias formales comenzarán en los próximos días, los contactos informales ya están en marcha y se concentran en asegurar el respaldo de gobernadores y legisladores provinciales, considerados determinantes para alcanzar los números necesarios en ambas cámaras del Congreso.

La estrategia oficial combina reuniones políticas y análisis técnicos. Está previsto que la mesa política defina el esquema legislativo, mientras una comisión especializada en el Senado evalúe las observaciones realizadas por la CGT y las entidades empresarias. Desde el Ejecutivo reconocen que el dictamen aprobado a fines del año pasado podría sufrir modificaciones, especialmente para destrabar apoyos y facilitar el tratamiento parlamentario.

En paralelo, funcionarios nacionales iniciaron una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. El objetivo es medir el clima político y negociar respaldos, tanto en el Senado como en Diputados. El oficialismo parte de una base ajustada de votos en la Cámara alta y necesita sumar voluntades entre el radicalismo y los bloques que responden a los gobernadores. En ese esquema, pesan los antecedentes recientes, como el acompañamiento al Presupuesto 2026 y a otras leyes impulsadas por el Ejecutivo.

En el Senado, los libertarios cuentan con 21 votos propios y deben alcanzar el quórum de 37. El foco está puesto en senadores radicales y legisladores alineados con mandatarios provinciales, muchos de los cuales ya mostraron disposición a negociar. Provincias como Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Chaco aparecen dentro del radar oficial, al igual que Chubut, donde los contactos iniciales buscaron asegurar respaldos de fuerzas locales y del PRO.

El escenario se complejiza por el impacto fiscal del proyecto. Las principales objeciones de los gobernadores giran en torno a la pérdida de recursos coparticipables derivada de la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias y de la eliminación de otros tributos. Las provincias estiman que el costo superaría el billón de pesos, con un fuerte impacto en distritos como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Desde sectores opositores sostienen que el capítulo tributario funciona como una reforma impositiva encubierta que afecta las finanzas provinciales.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo parte de un piso de 109 votos, sumando aliados directos, pero necesita alcanzar los 129 para el quórum. Allí también resultan decisivos los bloques provinciales y el radicalismo, que ya había presentado propuestas propias de reforma laboral durante el debate de la Ley Bases. El respaldo final dependerá, en gran medida, de las concesiones que el Gobierno esté dispuesto a hacer en materia tributaria, un punto que aparece como el principal factor de negociación y que terminará de definir el resultado parlamentario.