A cuatro días de iniciado el último round de conversaciones informales, la discusión por la reforma laboral volvió a tensarse en el Senado. Esta vez, el foco no estuvo solo en el contenido del proyecto, sino en un efecto colateral que encendió alarmas en varias provincias: la posible caída en la coparticipación si avanza el dictamen impulsado por el oficialismo. Ese escenario empezó a condicionar, de manera directa, la relación del Gobierno con sectores aliados y dialoguistas.

La iniciativa, que logró dictamen en diciembre con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques afines, quedó luego empantanada tras los conflictos políticos que rodearon el tratamiento del Presupuesto 2026. Ahora, con el período ordinario a la vuelta de la esquina, varios senadores advierten que el costo fiscal que implicaría para los distritos podría traducirse en un freno político. "¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?", lanzó un legislador opositor en diálogo con Infobae, reflejando el malestar que crece en despachos provinciales.

Desde sectores que hasta ahora acompañaron al Ejecutivo, la preocupación es más concreta. "Decime cómo hace un gobernador si en unas semanas te sacan el equivalente al pago de uno o dos meses de sueldos de una planta pública que ya recortaste. Ni con ATN te lo cubrirían", advirtió otro senador, en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional. La lectura es clara: la discusión laboral dejó de ser solo ideológica y pasó a impactar de lleno en la caja de las provincias, un punto sensible para quienes representan esos intereses en la Cámara alta.

El oficialismo, en cambio, buscó bajar la tensión. Voces libertarias señalaron que el impacto no sería uniforme y que depende del perfil de cada jurisdicción. "No es lo mismo una provincia donde pocos pagan Ganancias y recibe coparticipación generosa que otra con mayor espalda fiscal", relativizó un referente del espacio. Otro senador fue más político que técnico: "No hay que armar grandes dramas si no hay votos para algún artículo. Ya pasó con la Ley Bases y el paquete fiscal y el país siguió adelante".

En el peronismo, en tanto, crece la sospecha de que el tema será utilizado como ficha de negociación. "Mi apuesta es que lo van a usar como moneda de cambio cuando se acerque la sesión. Estará en manos del Presidente y de los ministerios de Economía y del Interior", deslizó un senador del PJ, que recordó el pragmatismo mostrado por el Gobierno durante las sesiones extraordinarias de diciembre y anticipó una estrategia similar si el debate se reactiva en febrero.

Mientras tanto, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que retomará reuniones con empresarios, gremios y sectores de la oposición. Sin embargo, entre los bloques dialoguistas ya no hay urgencias. "Está bien que el oficialismo maneje la agenda, pero hay que tener cuidado con el costo político de acelerar sin parar", advirtieron desde una bancada aliada, marcando que los plazos forzados también desgastan a quienes acompañan.

El panorama hacia febrero aparece cargado. Además de la reforma laboral y la ley de glaciares, el Congreso tiene en carpeta el proyecto de estabilidad monetaria y, más atrás, un eventual debate sobre el Código Penal, que promete mayores fricciones. En ese contexto, la discusión por la coparticipación se convirtió en una variable clave: no solo define el futuro del proyecto laboral, sino también el margen de maniobra del Gobierno para sostener alianzas en un Senado cada vez más sensible al impacto territorial de las reformas.