El proyecto de reforma laboral volvió a colocarse en el centro de la agenda política y parlamentaria. Con su tratamiento próximo a retomarse en el Congreso, el Gobierno avanza en conversaciones para reunir apoyos, mientras crece la resistencia de la CGT y de varios gobernadores, que advierten sobre artículos que, a su criterio, afectan derechos laborales, el funcionamiento sindical y las finanzas provinciales.

Desde la publicación del texto, la central obrera expresó reparos sobre los cambios propuestos en la actividad gremial. El proyecto redefine el alcance de los servicios considerados esenciales, que deberán garantizar el 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza, e incorpora la categoría de actividades de importancia trascendental, obligadas a sostener al menos la mitad de su actividad. Para los sindicatos, este esquema reduce el impacto de las huelgas y limita el derecho a la protesta.

La iniciativa también introduce restricciones a la organización interna de los gremios. Establece que las asambleas y congresos de delegados requerirán autorización previa y que los trabajadores no percibirán salario durante su realización. A esto se suma un nuevo esquema para las cuotas sindicales, que quedarán bajo retención del empleador y requerirán consentimiento expreso del trabajador para su destino, lo que modifica el mecanismo vigente de financiamiento gremial.

Otro punto de fuerte discusión es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que, una vez vencidos, deberán renegociarse desde cero. Además, el proyecto excluye conceptos como aguinaldo y vacaciones del cálculo de las indemnizaciones por despido y crea el Fondo de Asistencia Laboral, que redirecciona un 3% de los aportes patronales hacia una cuenta de inversión, en lugar de la seguridad social. Para la CGT, estos cambios abaratan los despidos y fragmentan los ingresos de los trabajadores.

En paralelo, los gobernadores comenzaron a fijar posición frente al debate. Aunque reconocen que el sistema laboral requiere actualizaciones, plantean la necesidad de introducir modificaciones y revisar el alcance de la reforma. En algunas provincias admiten coincidencias parciales con el objetivo de modernizar las relaciones laborales, pero remarcan que el equilibrio es clave para no perjudicar ni a los trabajadores ni al sector productivo, en especial a las pymes.

En Santa Fe, el enfoque está puesto en facilitar el empleo formal y sostener los puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas. En Córdoba, el énfasis está en analizar el proyecto punto por punto, sin apurar definiciones ni condicionarlas a negociaciones paralelas. Catamarca, en cambio, mostró una postura más crítica: si bien el gobernador considera que el esquema actual necesita cambios, legisladores de la provincia advirtieron que la reforma podría generar un impacto fiscal y productivo negativo, al reducir aportes y contribuciones que alimentan la recaudación local.

El componente tributario del proyecto es otro eje de tensión. La reforma incluye cambios en el impuesto a las Ganancias, como la reducción de alícuotas empresariales y la exención para alquileres destinados a vivienda. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el costo fiscal directo inicial rondaría el 0,22% del PBI, equivalente a unos 1,9 billones de pesos anuales. De ese total, más de la mitad recaería sobre provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto no sería uniforme. Buenos Aires aparece como la jurisdicción más afectada, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco, que también registrarían pérdidas significativas de recursos. Este escenario refuerza las advertencias de varios gobernadores, que anticipan un debate complejo en el Congreso, atravesado por reclamos sindicales, necesidades fiscales y la búsqueda de consensos para avanzar con una reforma que promete ser uno de los ejes centrales del año legislativo.