Desde este jueves rige la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de fomentar la competencia y avanzar en una reducción de los precios que pagan los consumidores. Con esta decisión, los dispositivos que ingresen al país pasan a tributar una alícuota del 0%, tras un proceso de reducción gradual iniciado en 2025.

Hasta mediados de mayo del año pasado, los celulares importados pagaban un arancel del 16%. Luego, mediante un decreto, esa carga se redujo al 8%, y ahora se completó el esquema con su eliminación total. Desde el Ejecutivo sostienen que este camino permitió una baja acumulada de precios que ya se refleja en distintas marcas y modelos, aunque aclaran que los efectos de la nueva etapa no se verán de manera inmediata en el mostrador.

Según la postura oficial, la quita de aranceles mejora las condiciones de oferta, amplía el abanico de productos disponibles y genera un escenario más competitivo en el mercado. El Gobierno remarca que este tipo de medidas busca facilitar el acceso a la tecnología, promover la inclusión digital y acompañar el desarrollo tecnológico en el país, en un contexto de reducción de impuestos vinculados al consumo.

En paralelo, el Ministerio de Economía informó que desde la primera rebaja aplicada en 2025 se registraron descensos de entre 25% y 35% en los precios de distintos equipos. En esa línea, aseguran que el ingreso de teléfonos sin impuestos permitirá profundizar esa tendencia, aunque reconocen que el traslado a precios depende también de otros factores, como el tipo de cambio, los costos logísticos y la estrategia comercial de las empresas.

Sin embargo, la medida generó preocupación en sectores vinculados a la producción nacional, especialmente en Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la fabricación de productos electrónicos. Desde el sindicalismo advirtieron que la eliminación de aranceles complica la situación de las fábricas locales, que ya vienen atravesando una caída en la demanda y dificultades para sostener los niveles de actividad.

El antecedente más cercano se dio el año pasado, cuando el gremio metalúrgico llevó adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en Río Grande, en rechazo a políticas que consideraban perjudiciales para la industria y el empleo en la provincia. Aquella protesta se enmarcó en un debate más amplio sobre el impacto de la apertura comercial en el entramado productivo local.

Mientras tanto, en el mercado ya se observan ofertas agresivas, con celulares disponibles desde valores cercanos a los 160 mil pesos y promociones con descuentos de hasta el 50% en algunos puntos de venta. El Gobierno confía en que, con el nuevo esquema arancelario, estas condiciones se profundicen en los próximos meses, aunque el alcance real de la baja de precios seguirá siendo motivo de atención tanto para los consumidores como para la industria.