La causa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo en primera instancia que condenó al Estado argentino a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares, solicitó formalmente que la Justicia estadounidense declare a la Argentina en desacato y aplique sanciones. El planteo fue presentado ante la jueza Loretta Preska, quien dictó la sentencia original.

El reclamo se apoya en la presunta falta de cumplimiento por parte del país en el proceso de entrega de información, conocido como discovery. Según Burford, la Argentina no habría aportado comunicaciones electrónicas y mensajes de funcionarios actuales y anteriores que considera relevantes para el avance de la demanda. El objetivo central del fondo es probar que distintas entidades estatales y empresas públicas funcionan como una extensión directa del Estado, lo que permitiría ampliar el alcance de eventuales embargos.

Desde la defensa oficial, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, se rechazó el pedido y se afirmó que el país cumplió de manera amplia con las órdenes judiciales. Las autoridades señalaron que se entregó una gran cantidad de documentación y se permitió la declaración de funcionarios, y remarcaron que la Argentina no tiene control legal sobre cuentas personales ni dispositivos privados de sus funcionarios, tanto por normas locales como por criterios del propio derecho estadounidense.

El conflicto se desarrolla mientras la sentencia de fondo permanece apelada. Aunque la apelación fue escuchada en octubre, la legislación estadounidense permite avanzar en acciones de cobro durante ese proceso. En ese contexto, Burford impulsó distintas estrategias para ejecutar el fallo, entre ellas intentar demostrar que la petrolera y otros organismos estatales actúan como alter ego del Estado argentino. El fondo, dirigido por Christopher Bogart y Jonathan Molot, adquirió los derechos para litigar en esta causa y financió el proceso durante años.

El pedido de desacato no tendría una resolución inmediata. De acuerdo con el cronograma judicial, es poco probable que la jueza se expida antes de fines de marzo. Mientras tanto, el Gobierno argentino prepara su respuesta formal, prevista para febrero, y sostiene que el planteo del fondo busca ejercer presión en un momento sensible, en el que el país intenta recomponer su relación con los mercados internacionales y atraer inversiones. El desenlace de este nuevo episodio podría tener impacto tanto jurídico como financiero, en un litigio que continúa abierto y con múltiples derivaciones.