El Gobierno nacional denunció formalmente a las autoridades de la Anses de la gestión de Alberto Fernández, por el caso de las presuntas irregularidades en las contrataciones de seguros, en una causa en la que el exmandatario está imputado.

La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano, por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según informó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno actual, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros durante el mandato de Fernández.

La normativa -que dejó sin efecto el Gobierno- ordenaba a los organismos del Estado a tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, que cobraban comisiones.

La presentación inicial la hizo la abogada Silvina Martínez, que denunció penalmente al expresidente y al extitular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación-, Alberto Pagliano, por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.

En la denuncia pidió que se investigue "la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".

En tanto, la denuncia del Gobierno abarca al ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES), Federico Alejandro D’Angelo Campos, "y/o contra todo funcionario público y/o persona humana y/o jurídica que pudiera haber participado en cualquier carácter en maniobras delictivas".

"El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", indicó Adorni este lunes.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre las "irregularidades detectadas" en los seguros y préstamos otorgados a jubilados, y destacó la política de "austeridad y transparencia que rige para toda la administración pública".