Según Lucio Terrasa, presidente de Consumo Cuidado, «la nueva normativa regula y obliga a que los comercios no exijan la entrega física de las tarjetas al consumidor para que se realice la operación. O sea, la tarjeta nunca tiene que salir del poder de la persona que va a hacer la compra«.

Terrasa señala que «esto prohíbe a los negocios, bajo pena de sancionarlos, de tomar la tarjeta del consumidor«, lo que podría interpretarse como un esfuerzo por «eximir de responsabilidad a los bancos» en caso de fraude, según sus palabras. 

Además, y de manera un tanto paradójica, la nueva regulación elimina la obligatoriedad de presentar un documento de identidad al momento de realizar la compra, lo que genera dudas sobre la verificación de la identidad del titular de la tarjeta, como afirma Terrasa: «Al final, vos no sabés si la persona que te está facilitando la tarjeta es la titular de la tarjeta porque no tenés el DNI, no te obliga a acreditar la identidad«.

En cuanto a la implementación práctica de estos cambios, Terrasa indica que «los comercios se adaptarán en un plazo de 90 a 180 días«, lo que podría implicar la necesidad de actualizar los dispositivos de pago para cumplir con las nuevas regulaciones. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la capacidad de algunos comercios para hacer frente a estos cambios tecnológicos, lo que podría generar inconvenientes temporales para los consumidores.

En resumen, si bien los cambios en el uso de tarjetas de crédito y débito buscan proteger a los consumidores de posibles fraudes y estafas, también plantean interrogantes sobre la verdadera efectividad de estas medidas y su impacto en la seguridad financiera de los clientes. Es fundamental que tanto los comercios como los usuarios estén informados y preparados para adaptarse a estas nuevas regulaciones en aras de proteger sus datos y recursos financieros.