El presidente Javier Milei, anunció que vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria recientemente aprobada por el Congreso. La medida, que contó con el apoyo de dos tercios de la Cámara del Senado, fue impulsada por una coalición entre Unión por la Patria, la UCR y el PRO. Según el gobierno, esta ley "tiene como único objetivo destruir el programa económico" y podría comprometer el superávit fiscal.

La ley propone una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una compensación extra del 8,1%. El oficialismo argumenta que esto implicaría un gasto adicional del 1,2% del PBI, lo que podría forzar al Estado a contraer deuda. En contraste, el gobierno sostiene que desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales.

La decisión de vetar la ley ha generado reacciones diversas. Mientras el ex presidente Mauricio Macri expresó su apoyo al veto, argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, senadores de la oposición como Mariano Recalde y Martín Lousteau defienden la medida como necesaria para proteger el poder adquisitivo de los jubilados, que según afirman ha disminuido un 45% desde 2017.

De todas maneras, Milei insiste en su compromiso con el superávit fiscal, declarando que no permitirán que se "voltee" este objetivo. Por su parte, el Congreso podría insistir con la ley si logra mantener los dos tercios de los votos tras el veto presidencial, lo que augura un posible escenario de pulseada institucional.