La provincia de Mendoza dio el puntapié de largada de la primera privatización en la era Milei, con la venta de acciones de la empresa IMPSA, dedicada a la generación de energía renovable. El Senado provincial aprobó un proyecto de ley que permite la transferencia del 21,4% de las acciones que actualmente están en manos del Estado. 

La medida, impulsada por el gobernador radical Alfredo Cornejo, fue aprobada después de un intenso debate en ambas cámaras legislativas. El proceso comenzó con la intervención estatal en 2020, cuando IMPSA enfrentaba dificultades financieras que ponían en riesgo su continuidad y los empleos de sus más de 700 trabajadores. Ahora, el gobierno busca atraer inversores privados para capitalizar la empresa y negociar su considerable pasivo.

La privatización de IMPSA ha generado reacciones diversas en el espectro político. Mientras el oficialismo argumenta que la medida es necesaria para garantizar la viabilidad de la empresa, la oposición, particularmente el PRO local, ha criticado lo que consideran un cambio radical en la postura del radicalismo mendocino. El proceso de venta de acciones se llevará a cabo bajo principios de transparencia y competencia, con la empresa estadounidense ARC Energy ya comprometida a realizar una inversión significativa.

Esta decisión se produce en un contexto de cambio en las políticas económicas a nivel nacional y provincial. La privatización de IMPSA podría ser vista como un indicador de la dirección que tomarán futuras decisiones sobre la participación del Estado en empresas estratégicas. El desafío ahora será equilibrar los intereses de los inversores privados con la preservación de los empleos y el valor estratégico de la compañía en el sector energético.