El Gobierno anunció la prohibición de la práctica de heredar cargos en la administración pública, lo que impedirá a familiares y cónyuges de empleados fallecidos acceder automáticamente a sus puestos. Esta medida, anunciada por Manuel Adorni, vocero presidencial, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización, representa un cambio significativo en la estructura del empleo público, que hasta ahora permitía la designación directa de familiares en vacantes estatales.

La resolución apunta a eliminar una costumbre considerada anacrónica y “privilegiada,” especialmente en organismos como la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación, donde esta prerrogativa estaba incluida en sus normativas. Con la eliminación de estos privilegios, el Gobierno reafirma su intención de consolidar una administración basada en la idoneidad y el esfuerzo, subrayando que la nueva norma se alinea con el artículo 16 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe las prerrogativas de nacimiento.

El comunicado emitido por la cartera de Sturzenegger precisó que la medida forma parte de una política de racionalización que incluye una reducción del 15% en la plantilla de empleados públicos. Además, se han implementado medidas para agilizar el proceso de retiro de empleados en edad de jubilarse. La decisión busca así reducir el tamaño del Estado, asegurando que los nuevos ingresos se basen exclusivamente en criterios de mérito, y no en vínculos familiares.

Para garantizar la efectividad de la medida, el Gobierno informó que la Secretaría de Trabajo no homologará ningún convenio colectivo que incluya disposiciones de herencia laboral, por lo que los sindicatos deberán ajustar sus convenios para su validación oficial. Actualmente, el traspaso de cargos por herencia estaba previsto en convenios de varios organismos, como el Banco Central y la AFIP, además de YPF y los Ferrocarriles Argentinos, donde los familiares de empleados fallecidos o jubilados tienen prioridad en los ingresos.

El fin de esta práctica fue impulsado, en parte, por un proyecto de ley presentado por el diputado Alejandro Bongiovanni, quien denunció estos traspasos como privilegios endogámicos. El legislador señaló que estos mecanismos consolidan una suerte de "casta estatal" que garantiza a algunos grupos acceso preferencial a empleos públicos, una característica que, según el proyecto, debería erradicarse para democratizar el acceso al empleo estatal.