General San Martín enfrenta un riguroso operativo de auditoría de pensiones no contributivas, llevado a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en coordinación con ANSES. Según informó a Radio Nordeste Darío Barrios, jefe de ANSES en la localidad, entre 2.000 y 3.000 beneficiarios fueron citados para presentar documentación que respalde la continuidad de sus pensiones.  

“Este es un megaoperativo coordinado. Los citados deben venir con estudios médicos actualizados. Quienes hicieron todo correctamente no tienen por qué preocuparse, pero lamentablemente estamos detectando irregularidades en el 70% u 80% de los casos evaluados”, afirmó Barrios.  

Entre las irregularidades detectadas se incluyen diagnósticos repetidos y documentación médica dudosa. “No se puede justificar una pensión con una radiografía de animales. Esto refleja años de mala política que debemos corregir”, agregó el funcionario, haciendo alusión a casos de documentos presentados durante operativos realizados en clubes locales.  

El operativo, que se desarrolló entre el miércoles y el viernes, movilizó a ocho médicos y ocho operadores encargados de evaluar cada caso. “Los profesionales están guiando a los beneficiarios para que completen la documentación faltante. No se trata de quitar beneficios sin más, sino de garantizar que solo los merecedores legítimos los reciban”, aseguró Barrios.  

En los primeros días de la auditoría se atendieron cerca de 650 personas. Se espera que al cierre del operativo, los resultados permitan ajustar los registros y eliminar casos fraudulentos.  

Si se confirman las irregularidades en el 70% de los citados, hasta 2.400 personas podrían perder sus pensiones. Este número representa un fuerte golpe al sistema de prestaciones en la región, que según Barrios cuenta con entre 2.000 y 3.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en total.  

“Las auditorías abarcan el período 2020 en adelante. En muchos casos, los trámites fueron gestionados por terceros que retuvieron documentación original de los solicitantes, complicando ahora la revisión”, explicó Barrios, quien instó a las personas afectadas a regularizar su situación cuanto antes.  

El operativo continuará en otras localidades de la provincia del Chaco, comenzando por Presidencia de la Plaza la próxima semana. “Es fundamental terminar con las irregularidades y garantizar que el apoyo estatal llegue a quienes realmente lo necesitan”, concluyó Barrios.