El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco ratificó la condena por daños y perjuicios y daño moral contra la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi. La funcionaria deberá indemnizar al secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, con más de un millón de pesos y cubrir las costas judiciales. El caso se originó en publicaciones realizadas por Panzardi en Twitter en 2016, mientras Gutiérrez participaba del programa televisivo “Intrusos”, y que fueron calificadas como falsas y difamatorias.  

La sentencia confirma el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Charata, emitido en marzo de 2023, que condenó a Panzardi en votación dividida. Pese a que la intendenta presentó un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, el STJ rechazó su solicitud, declarando mal concedido el planteo. La decisión fue firmada por los jueces Néstor Varela y Alberto Modi, quienes consideraron que los argumentos de la defensa no aportaron elementos suficientes para revertir las conclusiones de las instancias anteriores.  

En el fallo, los magistrados señalaron que las publicaciones de Panzardi se referían a aspectos personales y familiares de Gutiérrez, y que estas carecían de pruebas que respaldaran su contenido. “Las protestas formuladas constituyen una reiteración de argumentos ya abordados por la Alzada, sin elementos nuevos que evidencien arbitrariedad en la resolución previa”, indicaron los jueces en sus fundamentos.  

Asimismo, los camaristas destacaron que las publicaciones difundidas en redes sociales por la actual intendenta tuvieron un impacto negativo en la imagen y la vida privada del dirigente radical. Según el tribunal, la acción de Panzardi constituyó un daño que debía ser reparado, dejando claro que las redes sociales no están exentas de responsabilidades legales cuando sus contenidos afectan derechos de terceros.  

Con esta resolución, Claudia Panzardi deberá enfrentar una carga económica considerable, mientras que el caso establece un precedente relevante sobre las responsabilidades legales vinculadas a expresiones vertidas en redes sociales. La decisión reafirma la importancia de preservar el respeto y la veracidad en el uso de estas plataformas.