El gobierno de Javier Milei revocó la cesión de más de 25.000 hectáreas en Mendoza que habían sido otorgadas a comunidades mapuches durante la administración de Alberto Fernández. Además, anunció la inminente declaración de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la medida argumentando que "los territorios que estaban en manos de terroristas vuelven a los argentinos".

Las hectáreas revocadas se encuentran en los departamentos de San Rafael y Malargüe, zonas de interés estratégico por su potencial minero. La cesión, realizada en enero de 2023 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) bajo el gobierno anterior, fue criticada desde su inicio por el Ejecutivo mendocino, que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El INAI, actualmente liderado por Claudio Avruj, firmó las resoluciones que oficializaron la nulidad de la cesión de tierras, beneficiando a las comunidades Lof El Sosneado, Lof Limay KurreF y Lof Suyai Leufu. Según el gobierno de Mendoza, el otorgamiento se realizó sin consulta previa con la provincia, vulnerando la autonomía local y los derechos de propiedad privada.

"Este fallo reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial. No permitiremos que decisiones arbitrarias y sin sustento legal los vulneren", manifestó la vicegobernadora mendocina Hebe Casado.

Junto con la revocación de tierras, el gobierno nacional anunció la inminente declaración de la RAM como organización terrorista. "Hace unos días el terrorista Jones Huala dijo: 'reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales de los terratenientes'. Esto pinta de cuerpo entero al enemigo que tenemos enfrente", sostuvo Adorni.

La RAM ha sido señalada en reiteradas ocasiones por actos de violencia en la Patagonia, incluyendo incendios intencionales y ocupaciones de tierras. La clasificación como grupo terrorista permitiría al Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, tomar medidas judiciales y operativas más contundentes contra sus integrantes.

La decisión ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Mientras sectores afines al oficialismo respaldaron la medida como un acto de "defensa de la soberanía y la propiedad privada", organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas la consideraron una "criminalización" de la protesta social y de los reclamos históricos de los pueblos originarios.

Desde la oposición, algunos dirigentes cuestionaron la falta de un análisis judicial previo a la declaración de la RAM como organización terrorista y advirtieron sobre la posibilidad de conflictos sociales en las zonas afectadas por la revocación de tierras.

El gobierno de Mendoza, en tanto, celebró la decisión del INAI y reiteró su postura en defensa de la autonomía provincial. "Durante 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado. Ahora se ha restablecido el orden jurídico", concluyó Casado.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei refuerza su postura de "tolerancia cero" frente a lo que considera actos de usurpación de tierras y terrorismo. El expediente sobre la RAM está en proceso y podría formalizarse en los próximos días, marcando un hito en la política de seguridad del nuevo gobierno.