El presidente Javier Milei designó por decreto a los juristas Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando la inacción del Senado para tratar los pliegos enviados en mayo de 2024. A pesar de haber cumplido con todos los pasos previstos en la Constitución, el Ejecutivo sostuvo que la Cámara Alta optó por “guardar silencio” y no someter a votación las nominaciones, lo que llevó al mandatario a tomar la decisión de avanzar con los nombramientos en comisión.  

La medida llega después de que el oficialismo no lograra que el Senado aprobara los pliegos de Lijo y García-Mansilla durante las sesiones extraordinarias, en un contexto de resistencia política y falta de consenso entre los legisladores. Fuentes del Gobierno habían anticipado que la decisión ya estaba tomada y que solo restaba su oficialización en el Boletín Oficial, algo que se espera para el miércoles 26 de febrero. El nombramiento en comisión les permitirá a ambos magistrados asumir el cargo de inmediato, aunque su permanencia dependerá del futuro tratamiento legislativo.  

Desde la Oficina del Presidente remarcaron que la Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 4, otorga al Ejecutivo la facultad de designar jueces en comisión cuando las vacantes no son cubiertas en tiempo y forma. Además, recordaron que esta herramienta ha sido utilizada por distintos gobiernos desde 1853, incluyendo a presidentes como Mitre, Yrigoyen, Perón, Alfonsín y Macri. “El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino”, señala el comunicado oficial.  

La decisión de Milei no está exenta de polémica. Mientras sectores afines al Gobierno la justifican como una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de la Corte Suprema, desde la oposición denuncian que se trata de un intento de eludir el control del Senado y de imponer jueces afines al oficialismo. En el caso de Lijo, la controversia se acentúa debido a su rol en la justicia federal y a la posibilidad de que deba solicitar una licencia o incluso renunciar a su actual cargo.  

El nombramiento de estos jueces podría modificar el equilibrio dentro del Máximo Tribunal, que actualmente funciona con solo tres ministros tras la renuncia de Elena Highton en 2021 y el fallecimiento de Juan Carlos Maqueda en 2024. Para el Gobierno, la incorporación de Lijo y García-Mansilla es una necesidad urgente ante el riesgo de parálisis en el Poder Judicial. Sin embargo, la medida podría enfrentar impugnaciones legales y abrir un nuevo frente de conflicto institucional.  

Con esta decisión, Milei se convierte en el primer presidente en 30 años en designar jueces de la Corte Suprema sin el acuerdo del Senado. Mientras el debate sobre la legitimidad de la medida crece, el Ejecutivo mantiene su postura: los jueces asumirán sus funciones de inmediato, y el trámite legislativo continuará para que la Cámara Alta cumpla con su responsabilidad constitucional.